Protección de datos pone freno a cobranza judicial

Las instituciones financieras y los despachos contratados por éstas deben acatar la normatividad relativa a la protección de información sensible

protección de datos biométricos
 protección de datos biométricos  (Foto: Redacción)

Es conocido que en los últimos años aumentaron el número de quejas en contra de los despachos de cobranza a causa de sus tácticas intimidatorias o de molestia a las personas que no son los deudores de las instituciones financieras.

La más recurrente son la relativas a la protección de datos personales, pues dichos despachos infringen los principios de calidad (los datos poseídos por los despachos no son exactos) y de información (las personas contactadas no conocen la identidad de quien gestiona la cobranza).

De ahí que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) junto con la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef) emitieran la “Guía para orientar el debido tratamiento de los datos personales en la cobranza extrajudicial”, para procurar que esas gestiones se hagan de acuerdo con los principios, deberes y derechos que garanticen una adecuada protección de datos personales.

En el tema llamado “En cobranza: a proteger datos personales” se destacan los aspectos esenciales que deben observar quienes desarrollen tareas de cobranza, según la guía en comento.

Asimismo se deja clara la importancia de que los particulares conozcan cómo debe tratarse su información personal en los asuntos de cobranza, pues eso les permite tener un verdadero control sobre el ejercicio de su privacidad y autodeterminación informativa.

Finalmente se dan a conocer a detalle las reglas de protección a los usuarios de los servicios financieros previstas en las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Entidades Financieras en Materia de Despachos de Cobranza emitidas por la Condusef, entre las que destacan los horarios permitidos para ejercer la cobranza, las personas excluidas de las acciones de recuperación de cartera, las limitantes de envío de escritos judiciales y la creación de un registro de despachos de cobranza.