Propuesta para sancionar la corrupción

Esa actividad ilícita equivale al 9% del PIB, o a 347,000 millones de pesos al año en México
Sanciones a funcionarios corruptos
 Sanciones a funcionarios corruptos  (Foto: Redacción)

Por José Roberto Cisneros Duarte

Intelectuales y organizaciones sociales presentaron una iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas, que busca establecer lineamientos para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, con el fin de prevenir, corregir y sancionar prácticas deshonestas en la administración pública.

El colectivo, convocado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), emprendió la recolección de firmas con el fin de poder presentarla para su votación al Congreso de la Unión bajo la figura de iniciativa ciudadana, la cual requiere el aval del 0.13% de la lista nominal de electores. Los organizadores pretenden obtener cerca de 120,000 firmas.

La propuesta plantea un código de comportamiento y obligaciones para los servidores públicos, coordinación entre las autoridades de los distintos niveles, mejores capacidades de investigación y facultades para sancionar a particulares involucrados en actos deshonestos. Además, da prioridad a la recuperación del daño ante actos de corrupción, propone una lista 'negra' de corruptos, así como mecanismos para facilitar la denuncia.

El documento define 10 tipos de actos de corrupción grave: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.

Esta iniciativa, que busca unificar criterios a nivel nacional, es parte de la legislación secundaria en materia anticorrupción que se encuentra pendiente para poder completar la reforma constitucional promulgada en mayo del año pasado y que tienen como plazo para ser aprobadas en mayo próximo.

El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, recordó que, de acuerdo con datos del Banco Mundial y del Banco de México, la corrupción equivale a 9% del Producto Interno Bruto (PIB), o a 347,000 millones de pesos al año, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

"La corrupción es uno de los principales problemas públicos de nuestro país (...) Estos datos indignan, preocupan y han movido a este grupo de organizaciones y personas a realizar este proyecto de ley general", enfatizó el especialista.

Respuesta de la SFP

La SFP por su parte presentó un paquete de iniciativas de reformas administrativas para impulsar la transparencia, competencia, imparcialidad y la eficiencia en las contrataciones del gobierno.

Se trata de modificaciones a los reglamentos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las cuales no requieren trámite legislativo, pero la SFP las someterá a consulta de la ciudadanía y organizaciones privadas y especializadas. El objetivo es que queden listas durante el primer semestre del año.

Con información de CNN Expansión