México (Notimex).- Organizaciones civiles alertaron de los riesgos para las finanzas públicas con la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios respecto a la contratación de deuda.
La razón de esa advertencia tiene origen en un estudio que aborda la sostenibilidad de las finanzas de los tres niveles de gobierno según la iniciativa; sin embargo, la ley también permite otorgar “garantías” del gobierno federal para la refinanciación de deudas estatales que de origen pudieron ser inconstitucionales, al no haber sido aprobadas por los congresos locales y no representar las mejores condiciones para el Estado.
En su opinión, existe la posibilidad de que en diversas entidades federativas la deuda contratada a efecto de garantizar el pago de proyectos multianuales pudiera ser inconstitucional; no obstante con el refinanciamiento, se convalidarían las deudas sin que medie un análisis jurisdiccional sobre la procedencia constitucional, y sin el condicionamiento del pago con una exhaustiva fiscalización o sin contemplar los procesos de auditoría.
La legislación secundaria de esta iniciativa debería evitar la eventualidad de que tales compromisos sean refinanciados, sin auditarlos y sin haber revisado su constitucionalidad; de lo contrario, se estaría beneficiando sólo a los acreedores de los proyectos de inversión, es decir, se asumirían esas deudas en perjuicio del contribuyente y de las finanzas públicas.
El estudio realizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas y Fundar, Centro de Análisis e Investigación refirió que el artículo 34 de la iniciativa en relación a las fracciones IX, XI, XXIX y XXXV del artículo 2 y el artículo 22 de la misma, establece la facultad del Ejecutivo federal de garantizar la deuda pública que contraten los estados y municipios para refinanciar obligaciones de pago, mismas que podrán ser a cargo de cualquier ente sobre el que de las entidades federativas y los municipios tengan control.
Por su parte, el CEEY, el Imco, México Evalúa y Fundar sostuvieron que de aprobarse la iniciativa en sus términos pudiera llegar a duplicarse la deuda estatal que actualmente está garantizada por la federación – 3% del Producto Interno Bruto (PIB) registrada en la SHCP- , por lo que las organizaciones civiles pidieron al Senado reconsiderar sus argumentos.
