El promedio de la deuda de las entidades federativas respecto de sus Participaciones Federales creció de 64.5% en 1994 a 84% en 2015, precisó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
De acuerdo con el documento “Diagnóstico de la Deuda Pública de las Entidades Federativas”, la Ciudad de México es la entidad más endeudada con más de 71,000 mdp, seguida del Estado de México y Veracruz.
A nivel estatal, municipal y de los organismos de las entidades, el promedio nacional de deuda es de 16,758.4 millones de pesos (mdp). El valor del adeudo de la CDMX representa más de tres veces el promedio nacional de deuda por estado, y en parte se podría explicar por ser esta urbe la economía local más grande del país.
Tres de las cinco entidades con menos deudas tienen menor población: Tlaxcala, Campeche y Baja California Sur, a comparación de aquellas con mayor adeudo.
Por otro lado, el CEFP destacó que 2015 registró el mayor endeudamiento de los gobiernos de las entidades federativas en los últimos años, de 0.6% PIB en 1994 a más del 3% al cierre del 2015.
Sin embargo, detalló que esta situación podría comprometer la estabilidad de las finanzas públicas subnacionales y generar un gasto elevado en el costo del financiamiento para los gobiernos estatales y municipales, en caso de que la tendencia siga en aumento y alcance niveles poco manejables.
Esto significa que el promedio nacional de deuda por habitante de cada entidad federativa es de 4,428.9 pesos, lo que implica que si se quisiera dividir la deuda subnacional entre la población para hacer frente a las obligaciones, ese es el monto promedio que se tendría que pagar por persona en cada entidad federativa.
El CEFP analizacó reducir las presiones sobre el endeudamiento subnacional por lo que propuso explorar la posibilidad de eliminar las excepciones del pago del impuesto predial que cobran los gobiernos locales a las dependencias y entidades del sector público federal, manteniéndolo a las instituciones educativas.
De igual modo, fortalecer el sistema de incentivos a la eficiencia recaudatoria de las entidades federativas y municipios, a fin de aumentar sus ingresos propios o impulsar mecanismos que permitan delimitar y homologar la competencia de estados y municipios en materia de derechos, productos y aprovechamientos.
