La justicia cotidiana es aquella que reúne casi el 90% de las controversias presentadas ante los poderes judiciales del país, sin contar los miles de procedimientos ante las juntas y tribunales laborales y administrativos; ante esta situación, se envió al Congreso por parte del Ejecutivo, un paquete de ocho iniciativas de reforma constitucional, tres iniciativas de reforma legal y la propuesta de una nueva Ley General, así como un decreto administrativo.
En el ámbito mercantil se contempla ampliar la aplicación de la justicia oral para que los asuntos en esta materia sean resueltos de forma rápida y transparente.
“En pocas palabras, queremos superar el dicho que dice: Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Cuál es el objetivo, lograr un buen arreglo sin llegar a un pleito”, indicó Peña Nieto.
De igual forma, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, y presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), Édgar Elías Azar, reconoció que por vez primera en muchas décadas, el Ejecutivo le pone atención a este problema “tan sensible” que hoy ha movido la conciencia de todos los juzgadores del país”.
El conjunto de iniciativas también contempla un cambio estructural al modelo de justicia laboral, para proteger los derechos de los trabajadores pues requiere de conocimientos especializados.
La propuesta de iniciativa incluye la creación de modernas instancias de conciliación para que los conflictos se resuelvan de forma amigable y que la justicia laboral sea responsabilidad de poderes judiciales independientes
A este proyecto de reforma se suma la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), pero específicamente en materia de los derechos de trabajadores, así como las iniciativas a la luz de la Nueva Cultura Empresarial.
El Ejecutivo también firmó la iniciativa que expide la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y de Catastros; y el Decreto en Materia de Conciliación de Controversias entre la Administración Pública Federal y los Particulares.
“Los mexicanos demandan soluciones sencillas y prácticas, acordes a su ritmo de vida actual; quieren un sistema de justicia eficiente, que resuelva y dé resultados; quieren un sistema justo y parejo”.
