A pesar de que las entidades federativas del país tuvieron ocho años para la preparación que requería el nuevo Sistema de Justicia Penal, aún siete estados tienen rezagos en dichos preparativos.
Cabe recordar que la entrada de vigor del sistema es el próximo 18 de junio del año en curso.
De acuerdo con cifras de la Secretaría Técnica del Consejo Coordinador de Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), el estado de Baja California, Baja California Sur, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Nayarit tenían una operación parcial el nuevo sistema.
La transición jurídica, desde su aprobación en 2008 tuvo un avance lento: pues, en 2012 solo tres estados implementaron en su totalidad la nueva modalidad, nueve lo aplicaron en forma parcial y el resto, no efectuaba el sistema. Es decir, al día de hoy 25 estados lo operan totalmente y siete de forma parcial.
En ese sentido, la titular de la Setec, María de los Ángeles Fromow, señaló que con este avance, el porcentaje de población cubierta por el nuevo sistema en las entidades es del 94.6%, lo que equivale a 114 millones 469,201 habitantes del país.
Respecto a la profesionalización, explicó que la capacitación no es suficiente debido a que se debe garantizar que los mismos postulantes cubran las todas las áreas clave del nuevo sistema:
“Hay que lograr tener profesionales en las áreas esenciales de este sistema, no sólo los policías sino también los peritos, los policías de investigación, los ministerios públicos, los jueces y los magistrados”.
Infraestructura
Fromow explicó que de acuerdo a un esquema realizado por el propio organismo, se prevé que en dos o tres años se tendrá la infraestructura al 100% y se requerirá una inversión constante en el mantenimiento del equipo tecnológico actualizado, lo que sumó un total de 50,000 millones de pesos hasta el 2030.
Pendientes
Para organizaciones de la sociedad civil, los retrasos más destacados son los siguientes:
| Postulante | Tema preocupante |
| La coordinadora de Investigación de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Guadalupe Álvarez | Ejecución de sentencias |
| En su opinión: no hay instalaciones adecuadas en esta materia en centros carcelarios y juzgados de sanciones ni buenos programas de reinserción social, ya que se han atendido otros temas y se ha dejado de lado el eslabón del Sistema Penitenciario. "Sobre reinserción no se ha hecho nada porque debería haber un seguimiento post penitenciario y cambiar la forma en que se ve el tratamiento dentro y fuera de prisión". | |
| El director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas | La capacitación de los operadores internos continúan incurriendo en conductas arbitrarias, fallas en la “cadena de custodia” y no se apegan al debido proceso |
| “Sigue habiendo un pendiente en materia de capacitación sustantiva, no porque la gente haya sido capacitada quiere decir que hemos logrado darle la vuelta a conductas que son las que no queremos ver en nuestros ministerios públicos, seguimos viendo actitudes y acciones donde nos parece que lo que sigue sucediendo es la arbitrariedad en las acciones del Ministerio Público y policías”. | |
Ventajas del sistema
La nueva herramienta promueve la resolución de casos a través de mecanismos alternos de solución de controversias
En 2014, 120,000 asuntos fueron resueltos de forma alterna, lo que permitió reducir a 30 días la solución del conflicto y 15,000 personas evitaron la prisión; que a diferencia con el sistema tradicional, se dilataba entre 170 y 180 días para resolverse, y el proceso formal nuevo únicamente tardará 96 días.
Además los beneficios económicos, denotaron que la averiguación previa costaba 15,198 pesos y ahora ocupa un total de 1, 566 pesos mediante las medidas anticipadas
Ley Nacional de Ejecución Penal
La Cámara de Diputados aprobó la Ley Nacional de Ejecución Penal, con lo que se contemplan los procedimientos durante la prisión preventiva, cumplimento de una sentencia, medidas alternativas solución de controversias y la reinserción social.
Además, contempla una separación entre los internos sentenciados y procesados debido a la sobrepoblación en las cárceles mexicanas.
Con información de Expansión
