Modificaciones al régimen fiscal vigente, facilitar la regularización de las empresas que aún están en la informalidad y el rechazo a nuevos impuestos son algunas de las exigencias que hace el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para los pendientes del nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.
El cambio fiscal es con el fin de promover su simplificación e incentivar la actividad económica, el ahorro, el dinamismo del mercado interno y, en general, el crecimiento económico del país. Asimismo, pidieron que no hagan aumentos a los impuestos ya existentes, “que golpearían la ya frágil situación económica interna del país”.
Destacaron que a revisión está el paquete de iniciativas presidenciales sobre justicia cotidiana, todas de gran calado: siete de ellas reformas constitucionales y cuatro leyes secundarias.
Los temas involucrados van desde la creación de un nuevo Sistema Nacional de Impartición de Justicia hasta la transformación de los catastros, pasando por mecanismos alternativos de solución de controversias, cambios de registros civiles, en el sistema nacional de la mejora regulatoria, en justicia laboral y en derecho procesal, civil familiar y mercantil.
En materia de Estado de derecho democrático, recordaron algunas leyes secundarias pendientes sobre transparencia.
De igual forma, no dejaron de lado la reforma sobre mando policiaco, que implica enmiendas constitucionales para incorporar el esquema de mando mixto.
“Además, hay otros temas de enorme importancia en materia social y económica en la agenda, como la Ley de Unidad de Medida y Actualización, prevista en los transitorios de la reforma constitucional”, señaló el presidente del organismo, Juan Pablo Castañón Castañón, en un comunicado.
Una vez desvinculado el Salario Mínimo, que será en el proceso dentro de este periodo ordinario de sesiones, como medida de cuenta para conceptos no laborales, “queda el reto de establecer un esquema adecuado para su propia actualización”.
Asimismo, piden cuidar que no haya exceso de candados que frenen inversiones, así como garantizar y agilizar el pago a proveedores de los tres niveles de gobierno y de las empresas del Estado.
“Finalmente, no podemos dejar del lado el frente educativo, que hoy acapara la atención nacional. No debe aceptarse ninguna regresión o menoscabo en la reforma educativa, sobre todo en su implementación”, concluyó el consejo de la iniciativa privada.
