Por Jesús Coronado
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad interpuesta por los diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en contra de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3, la cual forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
En la acción se impugna el artículo 29 del referido ordenamiento, que contempla las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.
Dicho numeral señala que el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.
Los promoventes buscan que la presentación y publicación de las declaraciones no pase por el referido comité, porque en su opinión la redacción del precepto es ambigua y poco clara, además de que no permite la transparencia ni combate a la corrupción.
También rechazan el veto presidencial al precepto 32 de esa misma ley, consistente en excluir al sector privado de cumplir con la misma responsabilidad, cuando sean proveedores de servicios al gobierno.
La Corte solicitó a los poderes ejecutivo y legislativo enviar, en los próximos días, los informes justificados en los que detallen los antecedentes del ordenamiento impugnado.
La acción de inconstitucionalidad fue turnada a la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz bajo el número de expediente 70/2016, quien será el encargado de elaborar el proyecto de sentencia respectivo.
Desde el pasado 18 de junio se encuentra vigente la Ley 3de3, pero fue el 16 de agosto de 2016 cuando los legisladores presentaron ante la Corte el citado recurso ahora admitido a trámite y estudio.
