Al considerar que las siete nuevas leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no contienen la revocación del mandato, especialistas advirtieron que mientras no haya consecuencias al uso abusivo del poder político o económico para beneficios personales, la corrupción seguirá siendo un “flagelo” que cueste a México.
“Mientras no exista una amenaza real para gobernadores y presidentes municipales, que se ha demostrado cometen muchos actos irregulares, al sistema le seguirán faltando dientes”, declaró Alejandro Navarro Arredondo, investigador del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República
Además para que haya corrupción se necesitan dos partes, no sólo es el funcionario sino también el ciudadano, acotó el consejero del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Héctor Samuel Casillas Macedo.
Durante el foro “Transparencia y Rendición de Cuentas. Los Desafíos de México en el Siglo XXI”, Alejandro Romero Gudiño, director de la Unidad de Evaluación y Control, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), señaló que la corrupción es el uso abusivo del poder político o económico para beneficios personales, por lo que “cualquier política anticorrupción es un control del poder”.
La corrupción es “un flagelo que a todos nos cuesta; a los sectores público y privado, pero principalmente a los que menos tienen y es un costo que no tenemos por qué pagar”, aseveró el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Manuel Hallivis Pelayo, quien también cuestionó si con las medidas y esfuerzos realizados a la fecha se ha afrontado este conflicto o se ha garantizado el adecuado funcionamiento de las instituciones.
Comentó que se tiene un convenio con SHCP sobre al lavado de dinero, “porque se ha detectado que en tribunales mucha gente utiliza la buena fe de estos y, a través de diversos procedimientos, han pretendido o han hecho lavado de dinero”.
Entonces, a través de la dirección correspondiente, se da aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (SCHP) para que en cualquier procedimiento que se vea un abismo de corrupción se hagan las investigaciones correspondientes.
Asimismo, pidieron que las instituciones que forman parte de los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción deben profesionalizarse para gozar de confianza ciudadana, “de manera que no pueden ser parte de escándalos de opacidad y de actos de corrupción porque sería suficiente para que estos dos sistemas fracasen”, de acuerdo con Cynthia Patricia Cantero Pacheco, consejera presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.
