Corrupción y oportunidades de desarrollo

La corrupción en cualquier nivel político o económico obstaculiza el desarrollo y crecimiento empresarial
 .  (Foto: IDC online)
Preámbulo

Para Edmund Phelps, Premio Nobel de Economía 2006, las instituciones corruptas y una actividad informal vinculada con el crimen organizado son obstáculos que una economía en crecimiento debe afrontar para conseguir una actividad empresarial más dinámica.

Durante su participación en el Congreso Internacional sobre Derecho Penal y Economía, Phelps aseguró que la opción para combatir la economía informal no es la aplicación de le-yes más severas, sino el fomento de instituciones y de un sector formal capaz de dar cabida a empresarios innovadores.

La corrupción es otro lastre, comentó, para que instituciones transparentes permitan transacciones comerciales más sencillas en el marco de la legalidad, y una primera asociación que surge respecto a las consecuencias del crimen en la economía de un país es sobre cómo se están afectando las relaciones comerciales entre particulares y las económicas a nivel nacional.

Corrupción = menor productividad

Desde un enfoque económico convencional, cuanto más elevada es la productividad del sector legal la tasa de crimen es menor. Por ejemplo, Londres tiene hoy en día menos criminalidad que en el siglo XVIII y la ciudad de Nueva York tiene actualmente una tasa de criminalidad menor que en el siglo XIX.

En México, si las autoridades son consistentes en la lucha contra la corrupción, en un lapso de 15 años podrían verse esos resultados en una disminución del crimen y mejores resultados de la economía.

Para Phelps, quien fue reconocido con el Premio Nobel por su aportación para el entendimiento de la relación entre los efectos a corto y largo plazo de la política económica, las personas tienen una profunda necesidad de estímulos mentales y un país puede enfrentar estas necesidades de la mayoría siempre y cuando tenga una economía innovadora y dinámica.

“La propuesta es que si un país tiene la suerte de poder desarrollar este dinamismo logrará un impulso y elevará el valor del trabajo legítimo y disminuirá la corrupción”, afirmó Phelps.

Se trata de una “causal revertida”, esto es, cómo las tradiciones del crimen y la corrupción impactan el dinamismo económico bajo el cual puede evolucionar un país.

Crecer rápido o ser dinámico

Hay diferencias entre crecer rápido y tener dinamismo, puntualizó el economista al contrastar la pérdida de dinamismo de Europa Continental con el espíritu empresarial de otras economías como Corea del Sur o Finlandia.

México, junto con Argentina y Brasil, como economía emergente tiene sus propias características pero en términos generales puede decirse que no está lista para dar cabida a instituciones con un alto dinamismo.

En este punto, Phelps refiere la anécdota de un empresario argentino que prefería reservarse de emprender un negocio con potencial de éxito para evitarse conflictos, incluso personales.

“El crimen y su subcategoría: la corrupción, son una amenaza para el establecimiento de instituciones económicas y no sólo a su productividad”, refirió.

Esto tiene una repercusión fiscal negativa, por lo que concierne a la evasión y a la pérdida de ahorro nacional. Pero hay un aspecto más nocivo en esas actividades al margen de la legalidad ya que el empleo generado en la economía subterránea hace que el empleado conspire tarde o temprano con el patrón en actividades ilícitas. El patrón, a su vez, no puede despedir a sus empleados por temor a ser denunciado y la empresa queda estancada sin oportunidad de evolucionar.

Ámbito mercantil: oportunidades combatir la corrupción

Al respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su documento sobre “La justicia mercantil en México: Desafíos y Oportunidades” analiza las debilidades del sistema judicial en México y la forma en que afecta el rendimiento económico y el funcionamiento de los mercados.

El BID identifica como las principales oportunidades en materia de justicia mercantil, acotando que la justicia civil ve una parte significativa de los juicios de origen comercial, las siguientes: 

  • una nueva reforma legal que tendría que ser tramitada en el Congreso de la Unión –caso de los procesos mercantiles–, o en las asambleas legislativas de los estados –caso del civil hipotecario–. En el año 2003, México emprendió una profunda reforma procesal de la jurisdicción civil y mercantil con la aprobación del Código de Comercio. Se pretendía retirar los obstáculos que parecían constituir una limitación para el funcionamiento expedito de la justicia mercantil
  • implementar un código de procedimientos y tribunales para juicios de menor cuantía, que son la gran mayoría de los juicios que se emprenden en los juzgados. Este tipo de juicios podría ser mucho más simplificado, orales, reduciendo drásticamente las intervenciones por instancia de parte, con el juez en su función rectora del proceso. Además, tendría como ventaja familiarizar a los operadores en una nueva forma de procedimiento, posibilitando de esta forma la transición futura a un posible nuevo Código. Sin embargo, el proceso de menor cuantía sigue teniendo el inconveniente que requiere una ley específica y, por tanto, se precisa de todos los pasos de una tramitación parlamentaria en el Congreso de la Unión
  • establecer mediante acuerdo la unificación de criterios y prácticas procesales entre los jueces que ven asuntos comerciales, identificando las prácticas y criterios que impac­tan en la eficiencia del proceso para:
    • resaltar al máximo el rol del juez como rector del proceso
    • proponer medidas comunes que permitan agilizarlo, en especial, en aquellas fases no sustantivas. En este aspec­to, es esencial el rol que pueden desempeñar los tribu­nales superiores de los estados asumiendo el liderazgo del proceso, pudiendo contar para ello con el apoyo de las escuelas judiciales
  • analizar la viabilidad de un servicio común de ejecuciones, dirigido por un juez e integrado con personal judicial con mayores conocimientos legales, experiencia y grado de ca­pacitación (nivel secretario). Gran parte de la dilación en la resolución definitiva de un juicio está ligada a los tiempos que demanda la ejecución de la sentencia. Aquí la deter­minación del juez para realizarla es importante, pero aún lo es más si cuenta con el apoyo del Ejecutivo estatal o local para prestar las fuerzas de orden que acompañen al agente judicial. Los movimientos de resistencia de los acreedores si­guen siendo fuertes en algunos estados, aunque ya de menor intensidad. En este sentido, además de mejorar el sistema de direcciones postales, para facilitar a los agentes judiciales la labor de localización del deudor, y de tratar de generar un clima de opinión explicando las ganancias que se producen con la existencia de una justicia expedita, sería conveniente
  • crear controles y sanciones a nivel judicial para garantizar que los defensores de las partes –abogados o no– respeten las reglas del proceso legal y no incurran en abusos. Existe un mal uso o abuso de recursos que llevan a dilaciones inútiles en el juicio por causa de los litigantes –abogados o no–
  • estudiar las estrategias para introducir o fomentar los me­canismos de resolución alternativa de conflictos, dentro o fuera del ámbito judicial. Hay que ser conscientes de que la mediación no está radicada en la cultura judicial mexica­na, pero hay algunas experiencias realizadas bajo iniciativa propia de algunos jueces que podrían incorporarse a las buenas prácticas. De nuevo, las escuelas judiciales debe­rían desempeñar un papel activo en ello

Conclusiones

Por lo tanto, las oportunidades para disminuir la corrupción en México son:

OPORTUNIDADES INSTITUCIONES IMPLICADAS 
Reforma del Código de Comercio Federación
Reforma de los códigos de procedimientos civiles Asambleas legislativas estatales
Nuevo procedimiento y tribunales para juicios de menor cuantía Federación
Estudiar estrategias para la difusión de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos Tribunales superiores de los estados
Unificar criterios y buenas prácticas Tribunales superiores de los estados
Fortalecer los mecanismos de ejecución de sentencias Tribunales superiores y poderes ejecutivos de los estados
Establecer controles para el ejercicio de la profesión legal y sanciones en caso de abusos por los litigantes Tribunales superiores y poderes ejecutivos de los estados y colegios de abogados