Los concesionarios solicitarán a los ciudadanos identificación oficial y comprobante de domicilio, además de una impresión de su huella dactilar. Con ello, las empresas contarán con un registro de usuarios; las que incumplan recibirán multas desde 500 mil a 5 millones de pesos.
Quienes poseen un teléfono de prepago tendrán dos años para regularizar su registro; de lo contrario, se cancelará su línea.
Fuente: Reforma
