La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó recientemente que es inconstitucional que las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República (PGR), cobren $11.00 por cada copia certificada que extiendan, pues se viola el principio de proporcionalidad tributaria, pues el precio que se cobra por cada documento no corresponde al costo real por la prestación del servicio. De esta manera, el Máximo Tribunal del país resolvió que es inconstitucional el artículo 5o de la Ley Federal de Derechos (LFD).
Al resolver el amparo en revisión 1265/2006, los ministros consideraron que ?el pago que realiza el gobernado por la prestación de servicios por parte del Estado no debe tener la misma mecánica que el pago de impuestos.
Para fijar el monto de los impuestos debe atenderse a la capacidad económica del gobernado, mientras que tratándose del pago de servicios por parte del Estado (como sucede con la emisión de copias certificadas) debe atenderse al costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y las cuotas deben ser fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos?.
