México: poco competitivo en negocios

México: poco competitivo en negocios
 .  (Foto: IDC online)

De acuerdo con estudios del Banco Mundial y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en el año de 2004, 99 países a través de diversas reformas, han facilitado las actividades empresariales, entre ellos México, en el que se implementaron modificaciones en cuatro áreas: la apertura de una empresa, el registro de la propiedad, la obtención de crédito y el cumplimiento de los contratos. Tales reformas tuvieron por objeto simplificar la regulación de la actividad empresarial, que a decir de dicho estudio, abarcó desde el fortalecimiento de los derechos de propiedad y la reducción de los impuestos, a la computarización y consolidación de los trámites, y el alivio de la carga de trabajo de los tribunales. El estado actual en tales rubros es el siguiente:

  • apertura de una empresa; cuando un empresario diseña un plan de negocios e intenta implementarlo, los primeros obstáculos a superar son los trámites requeridos para constituir y registrar la nueva empresa. Por ejemplo, la Ciudad de México ocupa el décimo lugar entre 22 capitales de América Latina y el Caribe en el área de la facilidad para abrir una empresa, y corresponde al número de trámites, el tiempo, el costo y el capital mínimo. Estos trámites incluyen la obtención de todos los permisos y licencias necesarios y el cumplimiento de todas las inscripciones, verificaciones y notificaciones requeridas ante todas las autoridades pertinentes ?tanto locales como federales? para que la compañía pueda iniciar sus operaciones;
  • registro de la propiedad; los registros de la propiedad se crearon como una manera de aumentar los ingresos tributarios. Sin embargo, la definición y divulgación de los derechos de propiedad a través de registros es una buena práctica para los empresarios. La garantía de los derechos sobre estos bienes aumenta los incentivos para invertir y facilita las actividades comerciales. En México el registro de la propiedad es difícil en comparación con el resto de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, un empresario emplea 74 días y el 5.3% del valor de la propiedad para realizar el registro. Esto ubica a la Ciudad de México en el lugar décimo cuarto entre 22 capitales de América Latina. El tiempo se mide en días calendario, desde el inicio de la transacción hasta el contrato de compraventa y finalmente la inscripción del nuevo título en el registro público y en ocasiones en el catastro;
  • obtención del crédito; el acceso al crédito es identificado como una de las principales barreras para la operación y el crecimiento. Las pequeñas empresas son las que se ven más restringidas. Una vez que se ha llegado a un acuerdo con respecto al tipo de garantía, los acreedores desean comprobar los derechos existentes sobre la misma. La mejor manera es mediante un registro de garantías, que es más eficaz cuando está unificado por región y cubre todos los tipos de activos. En México, la reforma implementada en el año 2000 contempló el establecimiento del Registro Público de Comercio para los bienes muebles, que operaría a nivel federal. No obstante, en la práctica, es administrado por cada Estado, no está vinculado entre las regiones y ocupa el mismo espacio físico que los registros más antiguos. Cinco años después de la reforma, la mayoría de los registros están basados en documentos escritos, obstaculizando así el claro establecimiento de prioridades entre los acreedores y generando demoras en la constitución, registro y ejecución de los derechos de garantía. Los costos de este registro derivan de los impuestos, los derechos oficiales y los gastos notariales, los cuales están determinados a nivel estatal o municipal, y
  • cumplimiento eficiente de los contratos; éste estimula a las empresas a realizar operaciones con nuevos clientes. La institución que exige el cumplimiento de los contratos ?entre los deudores y los acreedores, los proveedores y los clientes? es el tribunal. Empero, en muchos países, los tribunales son lentos, ineficientes y corruptos, especialmente en América Latina, donde el tiempo promedio empleado en hacer cumplir un contrato supera un año y los costos ascienden a más del 30% de la deuda. En este rubro, la Ciudad de México se ubica en el lugar décimo cuarto entre 22 capitales de la región en términos del tiempo y el costo requeridos para lograr el cumplimiento de los contratos.