La industria mexicana de la radio y televisión defendió una reforma a la polémica ley del sector, aprobada el año pasado, y que podría ser anulada por el máximo tribunal del país.
Los cambios legales, aprobados casi por unanimidad por el Congreso, comenzarán a ser estudiados por la Suprema Corte el lunes próximo en un caso de inconstitucionalidad presentado por 47 ahora ex senadores que votaron en su contra.
Los críticos de la reforma señalan que fue un traje hecho a la medida para beneficiar a las grandes empresas del sector, como el poderoso Grupo Televisa, permitiéndoles ofrecer nuevos servicios sin realizar mayor trámite.
Pero la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), que impulsó los cambios a la ley, dijo que nulificar total o parcialmente la reforma sólo perjudicaría a la industria de la radio.
"De modificarse, la radio en general quedará condenada, primeramente al rezago tecnológico, para posteriormente desaparecer", dijo el presidente de la CIRT, Enrique Pereda, en una conferencia de prensa.
Según los abogados de la CIRT, si el máximo tribunal anula los cambios hechos al artículo 28, que habla de los servicios adicionales, los radiodifusores no podrían adoptar los estándares de transmisión digital.
"Los concesionarios y permisionarios de televisión que existen a la fecha quedan libres de ese perjuicio", aseguró Federico González Luna, asesor jurídico de la CIRT, señalando que el daño sería sólo para la radio.
González explicó que el gobierno y los concesionarios y permisionarios de frecuencias para televisión abierta del país firmaron en el 2004 un acuerdo para la transición hacia el sistema digital, que prevé la oferta de servicios adicionales.
El mercado de la televisión abierta mexicano está dominado por Televisa y por su distante competidora TV Azteca, a las que algunos ex senadores que votaron contra la reforma legal acusan de haber presionado al Congreso para aprobarla.
Ninguna de las firmas ha emitido comentarios sobre las acusaciones.
Fuente: Reuters
