Con uno de los comunicados de prensa más esperados del año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) difundió sus conclusiones sobre la participación de gobiernos extranjeros en el sistema financiero nacional.
Breve antecedente
Como seguramente recordará, a finales de febrero, el gobierno de los EEUU invirtió 420 mil millones de dólares a Citigroup, con lo cual adquirió el 36% de la tenencia accionaria de esa institución financiera, convirtiéndolo en el accionista mayoritario de Banamex.
El tema provocó polémica porque implicó una supuesta contravención a la Ley de Instituciones de Crédito (cuyo artículo 13 prohíbe expresamente la participación de personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en el capital social de instituciones de banca múltiple).
El análisis de IDC
Con motivo de esta controversia, los especialistas de IDC Seguridad Jurídico Fiscal, con base en argumentos jurídicos, adelantaron la forma en la que las autoridades mexicanas resolverían.
En su momento, apuntamos la inexistencia de conflicto con la ley mexicana en la adquisición del gobierno americano de las acciones de Citigroup, e indirectamente de Banamex. Esto porque el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) permite a las Partes adoptar medidas razonables por motivos prudenciales.
El argumento se ve reforzado además por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ubica a los tratados internacionales en un rango jerárquico superior a la ley nacional. El criterio consta en la tesis TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, noviembre de 1999, página 46.
Nuestra conclusión (que se puede consultar en la nota Citi conservaría inversión en México) coincide con la presentada ayer por la SHCP.
Los argumentos de Hacienda
La dependencia de gobierno determinó que la participación de los gobiernos extranjeros en el sistema financiero nacional es legal. La premisa se pretendió sustentar con los siguientes argumentos:
- la norma no abarca casos de emergencia derivados de crisis globales, ni la participación mayoritaria de inversión extranjera,
- los tratados de los que México es parte, reconocen la posibilidad del otorgamiento de apoyos y rescates por sus contrapartes extranjeras,
- las sanciones previstas en las leyes mexicanas son aplicables a las participaciones directas, y
- la ley mexicana prevé un régimen específico para las filiales de extranjeros acorde con los tratados internacionales, donde no se establece prohibición alguna a los gobiernos extranjeros
Los razonamientos de la SHCP reconocen la falta de actualización de la legislación nacional, por lo que estiman también necesario presentar una iniciativa de reforma. El proyecto tendrá el objeto de reafirmar la rectoría del Estado sobre el sistema financiero nacional.
Fuente: Salud empresarial
