Mediante decreto publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación, se estableció que también el Procurador General de la República, además de las salas de la Suprema Corte de Justicia y los ministros que las integren, los Tribunales Colegiados de Circuito y los magistrados que los integren, tiene la facultad de pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación.
