A través del Comité de Consulta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, se están discutiendo las propuestas que de ser aprobadas por el Consejo Directivo de la misma Barra, serán enviadas al Senado de la República para su análisis, aprobación y publicación, que harán del poder judicial, un poder independiente, fuerte y con un sistema de impartición de justicia expedita.
Las propuestas y argumentos consisten en:
- Dotar de autonomía económica al poder judicial. Deberá fijarse en la Constitución Política de México, un presupuesto exclusivamente para el poder judicial, mientras no cuente con tal, no será un poder fuerte e independiente al continuar dependiendo económicamente de los otros poderes (legislativo o ejecutivo).
- Realizar un examen crítico sobre la permanencia en el poder ejecutivo de órganos que imparten justicia. Para una real independencia en las decisiones jurisdiccionales y una mejor organización en los sistemas de justicia, los órganos de impartición de justicia no pueden formar parte de la estructura del poder ejecutivo.
- Despolitizar el nombramiento de jueces. Deberá prevalecer la ética y el profesionalismo sobre las fracciones políticas.
- Cumplir de forma efectiva las resoluciones judiciales. Tanto el poder ejecutivo como el judicial deberán cumplir con las resoluciones judiciales al pie de la letra sin ninguna objeción u observación.
- Capacitar jurídica y ética de los jueces. Quien ocupe un cargo judicial, debe estar en constante capacitación. Para ello tendrán que contar con recursos suficientes y apoyarse en universidades y colegios de abogados, que con sus actividades enriquecen la participación de los juzgadores.
- Efectos generales (?erga omnes?) de la jurisprudencia. El efecto ?erga omnes? es una obligación que se asumen ?frente a todos? o ?respecto de todos?, es decir, que son de aplicación general, y sólo en casos especiales se dictan normas específicas para casos concretos.
Conforme a esta definición, la propuesta va dirigida en el sentido de que las razones históricas y políticas que justificaron la aplicación limitada de la jurisprudencia en materia de juicio de amparo, ya no existen y al contrario resultan incongruentes lógica y jurídicamente, porque declarada una ley o acto inconstitucional solo beneficia al quejoso, y por lo tanto no es de aplicación general.
La sentencia o la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de una norma abstracta la anula, y por ello deben tener efectos generales, pues la norma nula es inválida para todos, de otro modo, la supremacía constitucional no es más que una utopía.
Las anteriores propuestas complementan, las que, en su momento, la Barra Mexicana presentó al Senado de la República, en el marco de la Reforma Judicial del Estado en materia judicial.
Fuente: Circular de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados
