A partir del pasado 29 de junio, con la reforma al art?lo 223 del la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), la venta de objetos en v? o en lugares p?cos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley se perseguir?e oficio. Esta reforma constituye un esfuerzo m?por parte del gobierno para proteger la propiedad intelectual, sin embargo, ?amente implica que no sea necesaria la interposici?e una querella para que el delito sea perseguido.
Por tanto, es probable que la transformaci?n la forma en que se efect?u persecuci?i>no constituya por s?isma una diferencia palpable en lo que a erradicar la pirater?se refiere, pues seguir?siendo aqu?os que tienen un inter?jur?co, en la esfera de sus derechos patrimoniales o no patrimoniales, quienes busquen que efectivamente disminuya la pirater? sum?ose adem? la dificultad de que a todo delito de pirater?en la v?p?ca se le d?n seguimiento efectivo debido a los altos niveles de comerciantes de bienes ap?fos.
El 15 de junio de 2006, la Procuradur?General de la Rep?ca, la Secretar?de Gobernaci?la Secretar?de Seguridad P?ca, la Secretar?de Hacienda y Cr?to P?co, la Secretar?de Econom? la Secretar?de Educaci??ca, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, el Gobierno del Estado de Sinaloa y diversos representantes del Sector Privado, suscribieron el Acuerdo Nacional Contra la Pirater? mismo que fue publicado el 6 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de la Federaci?En este Acuerdo se contempl?ntre otras cosas, la necesidad de que los empresarios recuperaran sus respectivos mercados como resultado de esfuerzos entre el sector privado y el p?co, as?omo el reconocimiento de que el desempleo, los salarios mal remunerados y la econom?del pa?hac? dif?l para la poblaci?llegarse de productos originales debido principalmente a la inconcordancia entre los ingresos percibidos y los precios de los bienes a adquirir. Asimismo, buscaba generar empleos, promover una cultura de legalidad, incrementar el n?o de contribuyentes cumplidos y asegurar una eficiente procuraci?e justicia que disminuyera la impunidad.
Son este tipo de acuerdos y convenios los que pueden, a largo plazo, repercutir de manera m?s?a en el combate de la pirater? ?ta, si bien a todas luces es un delito, tiene su origen en la falta de poder adquisitivo de la sociedad, por lo que un acuerdo que actualizara en este 2010 la visi?ue se tuvo en 2006, quiz?er?m?efectivo que la reciente reforma comentada.
