La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) enfrenta tres desafíos internacionales para proteger a la propiedad industrial.
El marco jurídico en materia de patentes está enfrentando en radiodifusión y en diseños comerciales bloqueos persistentes para armonizar el marco jurídico.
Al respecto, Francis Gurry, director general de la OMPI, señaló que se debe trabajar también en cooperación de patentes debido a la diversidad lingüística, pues hay un creciente registro de tecnología de Japón, China, y Corea que ya representa una cuarta parte de las solicitudes de patentes a nivel mundial.
Muchas tesis de propiedad industrial no se están discutiendo en materia de responsabilidad secundaria, como es el caso de internet, y los avances tecnológicos están cambiando más rápido que las mismas legislaciones.
Por lo que se requiere de la construcción de una red global entre oficinas de patentes del mundo que permita tener sistemas e infraestructura similar para evitar la duplicacion de patentes. En un lenguaje homogéneo.
En México, el problema de innovación y falta de transferencia, aseguró Jorge Amigo, Director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), radica en adecuar el marco jurídico para combatir la piratería y la falsificación, porque se esta corriendo el riesgo de bloquear la inversión privada, nacional o extranjera en materia de propiedad industrial.
Ello deriva la falta de inversión para crear y llevar a cabo la solicitud de patente, por lo que el IMPI a partir de enero de 2009 iniciará un análisis de reestructuración para hacer del IMPI, una institución más sólida, eficiente y crear mayor impacto en la sociedad.
Las acciones a tomar es la revisión para definir qué conductas deben eliminarse del ámbito de sanciones administrativas y tipificarlas como delitos para que sean competencia de la PGR. La adecuación del marco jurídico no solo versará sobre la Ley Federal de la Propiedad Industrial, sino de todo el marco jurídico que tiene que ver con el tema.
Respecto al tema de nulidades, caducidades y cancelaciones, pretenden que salgan del ámbito administrativo al Poder Judicial.
