La Cámara de Diputados avaló una reforma a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la dedicada a la Igualdad entre Hombres y Mujeres.
En un comunicado el órgano legislativo detalló que estas modificaciones tienen la finalidad de incentivar la igualdad de género en las actividades empresariales, y fortalecer la participación laboral de las mujeres en México.
“Con estas enmiendas, las empresas que sometan sus servicios o productos a procesos de licitación pública podrán obtener una nueva puntuación, al comprobar que promueven la inclusión de la mujer y hacen efectivo su desarrollo de forma permanente”, precisaron los legisladores.
Además, las enmiendas mandatan a las empresas a elaborar un código de ética que prohíba la discriminación de la mujer y aplicar sanciones en caso de infringirlas.
También estarán obligadas a integrar su plantilla laboral con un 40% de mujeres y un 10% los puestos directivos, además de aplicar procesos igualitarios en la selección de personal, con el propósito de obtener dichos estímulos y certificaciones.
Al fundamentar el dictamen, la diputada del PAN Blanca Jiménez Castillo advirtió que en nuestro país persiste una profunda desigualdad en cuanto a oportunidades laborales así como importantes niveles de exclusión contra las mujeres.
“Estas enmiendas representan una oportunidad para que los legisladores combatan e influyan en el cambio de comportamiento, incorporando la igualdad en la contratación de personal. Asimismo, se avanzará en la erradicación de las prácticas excluyentes para visibilizar el potencial laboral de las mujeres”, enfatizó.
Por su parte, la diputada del PRI, María de Lourdes Flores Treviño destacó la importancia de las acciones para la promoción de los derechos económicos de la mujer, como eje principal de una agenda de desarrollo asistencial.
Asimismo, la perredista Lorenia Iveth Valles Sampedro recordó que en julio de 2012, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW- ONU), manifestó su preocupación al Estado mexicano por las prácticas discriminatorias contra la mujer en el ámbito del empleo.
En ese sentido, aseguró que tres de cada 10 mujeres denuncian haber experimentado violencia en el lugar de trabajo, como acoso o abuso; además de la considerable brecha salarial con los hombres, por lo que celebró que las reformas se apeguen a las recomendaciones de la CEDAW.
