Por Angeles Paniagua
Recientemente el presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Senadores, por medio de la Secretaría de Gobernación, la solicitud de aprobación del Convenio 98 de la OIT (C-98) “Sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva” a efectos de que con la ratificación correspondiente, México asuma uno más de los compromisos internacionales que tiene adoptados y se garantice el pleno goce y ejercicio de esas prerrogativas.
Cabe recordar que este año el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reconoció que se hizo un estudio sobre la conveniencia de que nuestro país ratificara el C-98, por ende el hecho de que ahora se formule tal petición permite inferir que se consideró viable su sanción.
En este sentido Enrique Peña Nieto aseveró en un comunicado que la LFT y el C-98 están armonizados y salvaguardan la libertad de integración sindical, toda vez que fue derogado el segundo párrafo del numeral 395 de la LFT en la reforma del 30 de noviembre de 2012.
Dicho dispositivo preveía la cláusula de exclusión que ceñía a los patrones a separar de su trabajo a los colaboradores que fueran expulsados o desearan desafiliarse de su gremio sindical, en caso de que en éste se hubiese estipulado tal condición.
Esta acción presidencial es loable; sin embargo no permite identificar cómo se alineará la realidad mexicana al compromiso en comento, pues existen posturas que muestran que la ratificación del referido Convenio puede acarrear diversas implicaciones al sector sindical y patronal. Para conocer más sobre éstas se recomienda consultar el tema: “En ciernes ratificación del Convenio 98 de la OIT” y “Qué tan bueno sería ratificar el Convenio 98 de la OIT”.
