El diputado y presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez, Jesús Valencia Guzmán, apuntó que “México no ha cumplido los Tratados Internacionales para erradicar el trabajo infantil”, pues más de dos millones de menores realizan actividades laborales y la explotación va en aumento.
Tras la inauguración del foro de “Trabajo Infantil y desarrollo, hacia una agenda legislativa”, consideró que dichas prácticas lamentables son promovidas por los padres o familiares principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas; pues “la explotación es evidente y se debe terminar. Hay convenios internacionales signados por México, pero todavía no se disminuyen de forma importante estas afectaciones”.
En el caso de la reforma laboral y el presupuesto se deberán establecer los recursos destinados para la protección de los menores mediante la inversión, pues “si no se invierte en deporte, educación y programas sociales directos para las niñas, niños y adolescentes la curva de explotación irá hacia arriba”.
Por su parte, el subsecretario de la STPS, Ignacio Rubí Salazar, consideró que se requieren esfuerzos legislativos orientados a dos vertientes: revisar las leyes generales de Educación y de Desarrollo Social conforme a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y establecer multas y penas privativas de la libertad hasta por cinco años para los empleadores.
Asimismo, el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Thomas Wissing señaló que México ratificó los convenios 138 y 182, los cuales protegen el derecho a la educación de los niños y la integridad física y moral. En el caso particular del 182, se estableció el marco de “las peores formas de trabajo e incluso explotación, pues se refiere a la trata, el tráfico de niños y la explotación sexual para producir y distribuir material pornográfico y la prostitución”.
Sin embargo, la responsabilidad de la participación de los menores pesa en los ministerios de trabajo y las dependencias encargadas de la educación, el desarrollo social, economía, turismo y agricultura, lo cual refleja una “falta coordinación en los ámbitos locales y estatales; un presupuesto y mecanismos institucionales” para que los menores “encuentren buenas alternativas de trabajo”.
Otras consideraciones
La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Georgina Zapata Lucero, comentó que la explotación con fines laborales es un grave problema social y se considera una forma de trata por lo que “es necesario trabajar desde el Congreso para crear condiciones que coadyuven a erradicar el trabajo infantil o garantizar que, cuando irremediablemente deban emplearse, se garanticen plenamente sus derechos”.
Recordó que previo a la reforma, había 3 millones 38,000 menores de 13 años de edad laborando y posterior a ella se reportaron 2 millones 4,000, lo que representó una disminución; no obstante, “se requiere un esfuerzo integral del Estado para garantizar que la niñez tenga un ciclo de vida de protección, educación y oportunidades para su desarrollo”.
En ese sentido, la integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez, María Luisa Beltrán Reyes precisó que en México, cinco de cada 10 niños que trabajan no reciben ingreso alguno y el 29% labora más de 35 horas a la semana.
La coordinadora general de Ririki Intervención Social, SC, Nashieli Ramírez Hernández, indicó que debe haber políticas basadas en datos e impulsar estudios sobre el impacto de las peores formas de trabajo infantil.
