La presidenta de la Comisión Especial sobre no Discriminación, Kathia María Bolio Pinelo, apuntó que la población más discriminada en México son las mujeres, seguida por las personas sin acceso a oportunidades laborales por su condición de vida, integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual e intersexual (LGBTTI) y los afrodescendientes.
De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) entre las principales causas de discriminación en los ámbitos laboral, educativo y de prestación de servicios al público en México se encuentran la discapacidad, el embarazo y la condición de salud.
Tan solo en 2016 el organismo recibió 877 quejas contra particulares y 294 contra autoridades federales (1,171 en total); se concluyeron 1,554 expedientes del año y rezagados de años anteriores, y se dio seguimiento a 300 medidas administrativas y 133 reparaciones.
En ese sentido, la legisladora apuntó que para combatir la cultura de exclusión se debe apostar por la educación, la inclusión, el perfeccionamiento de las leyes relacionadas y cambiar la visión de los habitantes de un país pluricultural.
Por su parte, la directora general adjunta de Vinculación, Cultura y Educación del Conapred, Tania Ramírez Hernández, planteó impulsar una legislación antidiscriminatoria y de reconocimiento a la comunidad afrodescendiente, migrantes, LGBTTI y de trabajadoras del hogar, así como armonizar el marco jurídico en la materia.
Señaló que es necesario impulsar un cambio cultural y de estructura ya que la exclusión está arraigada a la mentalidad y la cultura de los “individuos, pero también, de manera estructural, cuando el diseño de leyes, políticas e instituciones contempla, en su origen, la exclusión de personas por no reconocer la diversidad, prejuicios, estigmas”.
De igual forma, la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, Karina Sánchez Ruiz (Nueva Alianza), propuso elaborar un registro de los grupos vulnerables y lacerados en sus derechos humanos con la discriminación por origen étnico, creencias religiosas y discapacidad y estas se atiendan en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
