Para poder ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se tendrían que reformar la LFT y ordenamientos como la LSS; existirían dificultades operativas locales y de registro laboral, según anunció la STPS.
Para la inspección laboral local y/o federal, según la materia, “existiría una dificultad operativa, ya que no se está en posibilidad de desplegar un operativo de vigilancia en trabajo doméstico, dado el limitado número de inspectores con el que se cuenta, particularmente en algunos estados”, reconoció la dependencia
La STPS comunicó a la Cámara de Diputados que, de ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, se necesitarán reformas legislativas para crear políticas públicas que incluyan campañas de sensibilización en los tres órdenes de gobierno.
Uno de los puntos que más destaca es que para cumplir con la vigilancia de este trabajo, implicaría que la autoridad contara con un registro de estos trabajadores, así como de los domicilios particulares en que prestan sus servicios.
Tal situación, advierte la dependencia federal, representará un obstáculo para llevar a cabo la vigilancia, que pueda ser subsanado al presentar los propios trabajadores una queja, o bien, obligaría a la misma a visitar domicilios en los que se presuma la existencia de trabajo doméstico, situación que podría resultar contraria a la garantía prevista en el artículo 16 de la Constitución Política.
Sin embargo, “al no existir la obligación legal de los empleadores de hacer del conocimiento de la autoridad laboral la existencia del trabajo doméstico en sus hogares, se dificulta conocer el universo de centros en que se efectúa dicha labor”, aclara.
Además, se deberá garantizar la suficiencia de recursos a las autoridades competentes, para estar en posibilidad de implementar las disposiciones contenidas en el convenio, pues “es innegable que como cualquier otro trabajador, los domésticos deberían gozar sin distinción de todos los derechos laborales concedidos a los empleados en general”.
Los legisladores argumentaron que preocupa y ocupa que México aún no ratifica dicho convenio, máxime cuando de acuerdo con resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el primer trimestre del 2016, se dio cuenta que 2.3 millones correspondían al servicio doméstico remunerado en la informalidad, de los que 95 de cada 100 empleados son mujeres.
