Políticas de igualdad de género son `insuficientes´

Las adecuaciones contempladas serían en la Ley Federal del Trabajo, del IMSS, del ISSSTE y más
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 .  (Foto: iStock)

Las políticas en materia de igualdad dentro del núcleo familiar y laboral “no han sido suficientes para llevar a cabo una verdadera conciliación, y una igualdad sustantiva, que conlleve a una convivencia de calidad en la familia”, aseguró el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG).

En su análisis “Autonomía y empoderamiento económico de las mujeres. Las mujeres en el mercado informal”, establece que a pesar de que la mujer participa activamente en la economía, no se observa igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres (transversalidad de género) en la legislación federal.

Al persistir desigualdad de oportunidades, remuneraciones, prestaciones y espacios laborales, y prácticas discriminatorias, que lesionan severamente los derechos de las mujeres, debe fortalecerse el marco jurídico y concientizar a la sociedad sobre el reconocimiento del respeto a la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

Las adecuaciones contempladas serían a la Constitución Política, las leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Federal del Trabajo, del IMSS, del ISSSTE, y para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Para avanzar en la igualdad de género, el CEAMEG propone incorporar en la legislación laboral, políticas como la de proporcionar capacitación (en materia de empoderamiento, gestión económica, paquetes de cómputo, negociación, asistencia técnica, contabilidad e impuestos) para las mujeres.

 Establecer estrategias de conciliación entre la vida familiar y el desarrollo laboral; favorecer préstamos flexibles para las mujeres (créditos no tradicionales, como a la palabra y de bajos intereses.)

Añadió que México no ha suscrito el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre trabajadores con responsabilidades familiares, adoptado el 23 de junio de 1981, relativo al compromiso de desarrollar políticas públicas que permitan a las personas con responsabilidades familiares conciliar su vida familiar y laboral sin ser víctimas de discriminación, a fin de asegurar la permanencia en el empleo en condiciones de igualdad para los trabajadores en esta circunstancia.