Cuándo procede el amparo en materia laboral

Revise algunos supuestos en los que procede esta figura y el plazo aplicable para su interposición
 .  (Foto: iStock)

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (LA), cambiaron las reglas para la interposición del amparo indirecto en materia laboral, por lo que de darse alguna violación procesal  en un juicio, la regla general es hacerla valer hasta el final del procedimiento, es decir cuando se combata el laudo ante el Tibunal Colegiado de Circuito correspondiente.

LEE: AMPARO VS. FALTA DE REFORMA LABORAL

De ahí que a continuación se hagan las siguientes precisiones; el amparo indirecto procede en contra de:

  • normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso
  • actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, o
  • actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte

Así las cosas, el amparo indirecto en materia laboral puede interponerse en contra de:

  • leyes que por su sola expedición causen perjuicios al patrón o trabajador
  • irregularidades en el emplazamiento; cuando el afectado se apersone como persona a extraña al juicio, debe ofrecer pruebas necesarias para demostrar las irregularidades en la notificación inicial
  • desechamiento de:
    • una demanda en contra de codemandados físicos, o
    • un incidente de nulidad, y
  • la resolución de calificación de inexistencia de huelga, porque no se trata de una sentencia definitiva que ponga fin al procedimiento

Finalmente, cabe comentar que el patrón cuenta con 15 días hábiles para interponer el juicio de amparo indirecto, salvo en el caso de la entrada en vigor de una ley que le cause prejuicio, en donde el tiempo aplicable es de 30 días hábiles (art.17, LA).