A más de 60 años de la firma del convenio para la igualdad salarial, los Estados latinoamericanos poco han hecho para garantizar su cumplimiento en espacios públicos o privados, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sin embargo, las barreras para la igualdad salarial persisten más allá de América Latina, los países enfrentan a nivel global el reto de construir marcos legales que más allá de la legitimación formal de la igualdad salarial logren concretarla en la práctica.
Con la ratificación del Convenio número 100 de la OIT, los países se comprometieron a utilizar diferentes medios para hacer cumplir el principio de igual salario para trabajo de igual valor, que pueden ser, legislación nacional, sistemas para la fijación de la remuneración, contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores; o la acción conjunta de estos diversos medios.
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Para fortalecer las acciones en la materia, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la OIT formularon dos guías que apuntan a este objetivo, entre las recomendaciones se encuentra la evaluación de puestos, que identifica los siguientes factores:
- Competencias
- Responsabilidades
- Esfuerzos
- Condiciones de trabajo
Aunque la ISP planteó que cada centro de trabajo debe identificar los subfactores que permitan precisar la evaluación, ponderarlos y asignarles un puntaje; para que, posteriormente se puedan comparar los puestos evaluados a partir de dichos puntajes.
Todo ello de la mano de un Comité Paritario donde haya representación del empleador y de las personas trabajadoras, y prioriza la capacitación y sensibilización para que este Comité sepa identificar sesgos de género históricamente naturalizados
Las guías metodológicas elaboradas por la ISP y la OIT se han llevado a la práctica a través de experiencias piloto realizadas en varios países. Estas experiencias han servido para validarlas como recursos metodológicos en la concreción del principio de igual salario por trabajo de igual valor, y para que empresas -sobre todo públicasavancen en operativizar este principio.
¿Qué hace México?
Algunos Ministerios de Trabajo han fortalecido su papel en la inspección laboral, sobre todo para fiscalizar el cumplimiento del pago del salario mínimo, entre los que destaca México.
En el caso específico de México, para 2016 la brecha medida en el conjunto de la población ocupada fue desfavorable para las mujeres un rango de 12,5% a 31,1% mientras que las favorables se encuentran entre 9% y 17,7%.
En el 2014, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres, impulsó el operativo especial de Inspección Salario Mínimo e Igualdad Salarial, con el objetivo verificar que en las empresas con jurisdicción federal, no exista diferencia en el salario entre trabajadores y trabajadoras que desempeñen el mismo puesto y que ningún trabajador perciba un ingreso inferior al salario mínimo general.
No obstante, los resultados de dicha campaña no son públicos y solo se conoce que al 17 de abril de ese año se realizaron 3,458 actividades de vigilancia. De ahí que la OIT considere a estos esfuerzos como “incipientes”.
Actualmente, nuestro país y 11 más trabajan en la iniciativa “Sellos de Igualdad de Género” liderada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La iniciativa tiene como objetivo promover la igualdad de género en el ámbito laboral en la región.
Que funciona a partir de normas y estándares específicos definidos en cada país, la empresas participantes obtienen un sello que certifica el alcance de dichos estándares para la promoción de la igualdad de género.
