Colaboración del Licenciado Tomás Natividad Sánchez, Director de Natividad Abogados, SC, Asesores de Empresas, ex-director jurídico de Coparmex, consejero en la Conasami, miembro de la Comisión Jurídica de Concamin y del Consejo Coordinador Empresarial.
Resulta incuestionable que debido a la incipiente recesión económica mundial, la estabilidad financiera de las naciones se vio seriamente afectada durante el 2008, especialmente en su segundo semestre. Situaciones como despidos masivos, cierres de empresas, rescates financieros gubernamentales y negociaciones con sindicatos, fueron algunos de los temas que día con día bombardearon nuestras conciencias en noticias por radio, televisión e Internet, pero ciertamente esto aún no ha concluido, pues se augura que lo peor está por venir en este año que inicia.
Lamentablemente en este contexto de adversidad son muchos los sectores perjudicados, entre ellos, los productivos (patrones y trabajadores), quienes se han visto obligados a llevar a cabo acciones drásticas pero necesarias, tendientes a garantizar la subsistencia de las organizaciones y con ello conservar la mayor cantidad de fuentes de trabajo (reducción de prestaciones, cambio de condiciones de trabajo, paros técnicos, entre otros).
En algunos países europeos, las compañías han tomado una serie de medidas destinadas a reajustar sus presupuestos, que van desde la reducción de beneficios sociales (gastos por alimentación o actividades de entretenimiento y culturales), hasta negociar con la plantilla laboral la renuncia al pago de sus jornadas extraordinarias laboradas o disfrute de vacaciones no pagadas.
Una realidad inobjetable en este negativo entorno, es que el dinamismo de los efectos económicos supera dramáticamente al marco jurídico-laboral vigente, por ello es que los sectores empresariales y obreros, con aprobación de las autoridades laborales, buscan paliativos (en la mayoría de la veces extralegales) que les permitan flexibilizarse, en lo que pareciera un proceso Darwiniano de selección natural laboral donde subsistirán, no los más grandes, sino aquellos que tienen una mejor capacidad de adaptación.
Y en México aun no nos ponemos de acuerdo para aprobar una reforma a nuestra anquilosada Ley Federal del Trabajo que sea la punta de lanza para la modernización laboral en nuestro país y con ello hacer frente a este tipo de vaivenes de la economía.
Por ello y ante las posturas contradictorias de los legisladores respecto a que no es oportuno llevar a cabo una reforma laboral este año, frente lo señalado por el Secretario del Trabajo, quien afirma que 2009 es el momento ideal para aprobarla, IDC Seguridad Jurídico Fiscal se abocó a la tarea de recabar la opinión del connotado especialista laboral Tomás Natividad Sánchez, quien respondió amablemente al siguiente cuestionamiento ¿qué expectativas de enmiendas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) se vislumbran en el entorno de crisis financiera que estamos viviendo?
El difícil trance económico que hoy se vive a nivel mundial obliga a México a enfrentar importantes desafíos para estimular un crecimiento económico equilibrado y promover un desarrollo influyente mediante medidas que permitan:
- crear fuentes de empleo
- fomentar el crecimiento industrial del país
- garantizar el derecho del capital a obtener un interés razonable, y
- reinvertir capitales
Coincido con el Sr. Secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Lic. Javier Lozano Alarcón en que debemos hacer todos los esfuerzos para que durante el año 2009, con la coordinación de la propia secretaría a su cargo, prospere un acuerdo nacional de los sectores de la producción, los líderes de los principales partidos políticos, así como de las centrales más importantes de los trabajadores, con el cual se permita a los legisladores de la LX legislatura o de la entrante, aprobar un dictamen tendiente a resolver las ya más de 240 iniciativas que se encuentran en estudio, sobre todo las más viables, las cuales tienden a:
- incrementar el empleo formal y proteger el existente
- salvaguardar la seguridad jurídica requerida por la inversión productiva, así como los niveles de ingreso de los trabajadores vía productividad y desempeño, y
- lograr la flexibilidad que actualmente exige el trabajo a nivel mundial
Es muy importante que el sector obrero-empresarial concrete la negociación (con más de 13 años) para lograr que la LFT genere los cambios requeridos por el país en este reglón, claro está, sin alterar los derechos fundamentales de los trabajadores.
Con el acuerdo, la justicia laboral será más clara y expedita, profesionalizando también la actividad de los tribunales laborales, así como de las personas que concurren a los mismos.
Asimismo, la reforma debe:
- atender y privilegiar la conciliación en los procedimientos laborales, regresar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA) su carácter de tribunales que resuelvan en conciencia y a buena fe guardada, sin sujetarse al estricto derecho
- cuidar y perfeccionar los derechos de los colaboradores, con particular atención al trabajo de los menores, las mujeres y personas con capacidades diferentes, y
- respetar, por el momento y mientras no haya posibilidad de reformar todo el esquema laboral vigente, a las instituciones que han dado paz laboral a nuestro país por ya más de 77 años, como son: la organización y regulación de las asociaciones y sindicatos, el tripartismo y la protección de los derechos mínimos de los subordinados
Independientemente de ello, figuras como el outsourcing o las prestadoras de servicios, deben ser objeto de revisión y reglamentación en la legislación laboral, pues si bien es cierto que actualmente permite a los patrones la subcontratación de personal en cualquier actividad productiva, siempre que cuenten con elementos propios y suficientes para cumplir con sus obligaciones de trabajo, también lo es que esta figura está siendo indebidamente utilizada para evadirlas o eludirlas, afectando los derechos de los colaboradores.
Este fenómeno también implica afectaciones a los rubros de seguridad y previsión social, así como aspectos fiscales, que deben combatirse a fondo y en su caso sancionarse.
Lo anterior adquiere mayor relevancia si se considera que el outsourcing es cada vez más utilizado por las organizaciones y se ha observado una mayor incidencia en la industria manufacturera, seguida del comercio, la hotelería, preparación de alimentos, así como en los servicios financieros y de seguros.
Una adecuada reglamentación de este tema, ayudaría a:
- generar empleos en el país y activar la economía
- tornar más dinámicas a las empresas
- incorporar personal especializado para afrontar la competencia y las innovaciones tecnológicas
- elevar sus niveles de competitividad, mediante medidas que permitan conciliar la efectiva protección de los derechos de los trabajadores
- reconocer el legítimo interés de los empleadores por encontrar mecanismos que favorezcan la productividad de las compañías, y
- permitir la reducción de gastos en el reclutamiento y selección de personal, al evitar la espera que implica la curva de aprendizaje, lo que trae consigo la creación de más compañías y por ende, más puestos de trabajo
México necesita una reforma laboral, acorde a las necesidades que esta viviendo, por lo que la reglamentación de la figura del outsourcing puede ser un primer paso para destrabar las negociaciones y ayudar a enfrentar esta crisis económica mundial.
Sin duda los legisladores, de los diferentes partidos políticos que se han involucrado (PRI, PAN y Verde Ecologista), conocen a detalle el contenido de los acuerdos logrados hasta la fecha en la negociación llevada a cabo por los sectores productivos y la STPS. Ellos han estado de acuerdo con la reforma, pero ésta se ha detenido por motivos políticos que hoy deben ser superados, pues en todos existe la conciencia de que es un problema de México, no de partidos políticos o de sectores, por ende debemos cambiar o tendremos un problema mayúsculo y serio en el país.
