En el marco de un alarmante 20% de desempleo de la población económicamente activa (la más alta en la Unión Europea) y el recelo generalizado sobre la capacidad del gobierno español de sanear sus finanzas, recientemente se aprobó la reforma laboral en la península ibérica.
De acuerdo con el gobierno español, el propósito de la reforma es mejorar la productividad, dar estabilidad al empleo y dotar de flexibilidad interna a las compañías.
Lo anterior se pretende lograr con el establecimiento de varias acciones tendientes a ?abaratar los despidos?, mediante la aplicación de las siguientes reglas:
-
aplicar la separación justificada cuando concurran causas económicas que la justifiquen con un pago de 20 días por año, frente a los 45 previstos para el despido ordinario, y
-
generalizar el contrato fijo con una indemnización de 33 días por despido, en lugar de los 45 que se venían otorgando
Estas enmiendas, sin lugar a dudas para España serán la punta de lanza que aliente no sólo a los demás países de la región para adecuar sus legislaciones laborales, sino las de todo el orbe, como el caso de México, para que, de acuerdo con sus propias necesidades, realicen los ajustes pertinentes para generar mayor competitividad dentro de un mundo globalizado donde existen constantes cambios de orden económico, político, social y legal.
