La revista Expansión en su edición número 912 de abril, en el artículo: ?Empresarios en fuga?, señala que desde hace algunos años aquellas empresas que producen sus productos en cárceles, han contado con ventajas competitivas, debido al bajo costo que esto les representa, pues pagan salarios muy bajos a los reos, y no se les exige cubrir las prestaciones mínimas establecidas en la Ley Federal del Trabajo, ni las cargas sociales, y fiscales.
Sin embargo, debido a acontecimientos recientes (por ejemplo el asalto de ?Los Zetas? al penal de Apatzingán, Michoacán), se han reforzado las medidas de seguridad en algunos centros penitenciarios, provocando retrasos en la producción y distribución de los productos.
Otro problema es que el nivel de productividad de los reclusos es muy bajo, en virtud de que sólo hacen el trabajo para cumplir con un horario y no con objetivos cuantitativos y/o cualitativos, prueba de ello es que: ?el trabajo que en el exterior requiere de 35 personas, en el penal necesita 50?.
Lo anterior, está propiciando que estas empresas, deseen dar por terminada esta práctica que actualmente ya no resulta tan ?buen negocio?, debido a los contratiempos señalados.
Por si fuera poco, el debate acerca del derechos laborales y sociales crece en torno al trabajo penitenciario, porque uno de sus atractivos es el bajo costo laboral de los reclusos, con lo cual Tomás Natividad Sánchez asesor externo de IDC y presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) concuerda: ?el preso pierde derechos civiles y políticos, pero nunca laborales?; por ello, opina que debe existir una regulación que imponga ciertas obligaciones mínimas al empresario para beneficio de los reos, y enfatiza que: ?sí se les debería pagar prestaciones?.
Lo anterior porque el trabajo penitenciario no se encuentra regulado en la legislación laboral, lo cual hace posible que los empresarios que lo utilizan, se abstengan de cumplir con las obligaciones mínimas establecidas en dicha ley, razón por la cual otros empresarios afirman que este trabajo no debería permitirse, pues genera una clara ventaja competitiva para la empresa que así lo hace.
En nuestra opinión, efectivamente es necesaria una reforma a la legislación laboral donde se contemple el trabajo penitenciario, a efecto de establecer los derechos mínimos de los trabajadores y empresarios, y se considere como objetivo del trabajo penitenciario: que los reos resarzan los daños causados a la sociedad, y puedan demostrar, que cuentan con las herramientas, conocimientos y actitudes, para reintegrarse a la misma, pues de no hacerlo, parecería injusto que un delincuente sentenciado sujeto a una condena, tenga los mismos derechos laborales y prestaciones que un trabajador externo.
