Por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un plazo no mayor a 3 años se deberá brindar seguridad social a todas las personas trabajadoras del hogar en el país.
Por ello, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD) realizó el documento titulado “El trabajo doméstico en México. Pendientes legislativos para su regulación”, donde presenta algunas consideraciones.
La determinación de la Corte del pasado 5 de diciembre, instó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a implementar en el año 2019 un “programa piloto” que tenga como fin diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar y otorgue las facilidades administrativas necesarias que permitan cumplir las obligaciones patronales.
LEE: CIFRAS DEL TRABAJO NO REMUNERADO DE LOS HOGARES EN MÉXICO
En un plazo no mayor a 18 meses a partir de la implementación del programa piloto del IMSS, se deberán proponer en el Congreso de la Unión las adecuaciones legales necesarias para crear un régimen especial de seguridad social para el trabajo doméstico.
Entre las características que deberá tener este nuevo régimen de seguridad social, detalla el IBD, se encuentran: que sea obligatorio y no voluntario (como actualmente lo es), contemplar seguros de riesgos de trabajo, de enfermedades, maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; tomar en cuenta las particularidades del trabajo doméstico; ser de fácil implementación para los patrones y viable para el IMSS, desde el punto de vista financiero.
El documento del IBD revela que en lo que va de la LXIV Legislatura se han presentado siete iniciativas legislativas para fortalecer los derechos de las y los trabajadores del hogar, incluida la seguridad social.
