Hacer transferencias directas a la ciudadanía para tratar de solucionar problemas como la pobreza, sería una forma del gobierno de evadir la responsabilidad de garantizar el bienestar de sus ciudadanos, opinó el secretario general de la Conferencia Internacional de Estudios de Seguridad Social (CISS), Gibrán Ramírez, respecto a la Renta Básica Universal.
En 2018 cuando iniciaba la formación de la coalición panista por la presidencia de la república “México al frente” se puso en la mesa la implementación de la Renta Básica Universal, después AMLO anunció un apoyo para los jóvenes que no estudian ni trabajan que se tradujo en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, ambas políticas tienen detractores que afirman que son clientelistas.
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La Renta Básica Universal (RBU), tal como la planteó el filósofo economista Philippe Van Parijs es un pago otorgado por el Estado a los ciudadanos sin importar su condición laboral o económica de manera periódica y permanente con la finalidad de garantizar la libertad de los mismos.
En Finlandia se intentó su implementación en 2016 con la transferencia a 2,000 desempleados de una cantidad de 560 euros al mes, misma que se prolongaría durante 2017 y 2018 con la finalidad de verificar si esto incentivaba la búsqueda de un buen empleo.
Para 2018 se canceló el programa por que los resultados no demostraron una mejora en la empleabilidad de los finlandeses y sí un alto costo de esta política para el gobierno.
En México, de acuerdo con Gibrán Ramírez, un ejemplo podría ser la pensión que se le otorga a las personas de 60 años o más.
“El piloto mayor de Renta Básica Universal que hemos tenido en las Américas probablemente sería la pensión para adultos mayores del presidente López Obrador, esa es una buena aproximación de cómo impactaría en el bienestar de las personas y en la felicidad colectiva, que es una buena cosa pero no resuelve los problemas estructurales”, afirmó.
Sin embargo, desde su opinión este tipo de políticas son una manera del Estado para no hacerse cargo de sus obligaciones en materia de erradicación de pobreza, empleabilidad y derecho al retiro digno, pues transfiere un problema público como una situación de carácter privado.
“Si ese dinero deja de estar en los presupuestos de seguridad social y de servicios públicos, sí es una manera de desentenderse del bienestar de las personas”, puntualizó.
El especialista indicó que lo ideal es que el gobierno haga las reformas estructurales necesarias para que todos los ciudadanos tengan acceso a un ingreso digno, en condiciones de seguridad y con todas las prestaciones.
“Hay que pensar en otras cosas, hay que pensar en reforma fiscal, en reforma de pensiones…”, reiteró.
Lo mismo opinó respecto a la posibilidad planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de terminar con el susidio a las guarderías de la Secretaría de Bienestar y transferirles un monto fijo mensual a las madres para que lo destinaran en alguna institución o persona que se hiciera cargo del cuidado de sus hijos.
“Si ese dinero se le diera al IMSS para hacer guarderías con los estándares de calidad del IMSS, la cosa iría mucho mejor se gastaría eficientemente”, concluyó.
