En Latinoamérica, aproximadamente cuatro de cada 10 personas de 65 años y más no cuentan con seguridad social. Además, es la región donde la población está envejeciendo de forma acelerada, afirmó en la UNAM Sandra Huenchuan Navarro, de la sede subregional de la Cepal en México.
Al participar en el seminario “Los derechos humanos de las personas adultas mayores en México”, la integrante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe dijo que “la seguridad social no está garantizada para todos y hay heterogeneidad; por ejemplo, hay países con muy baja cobertura, como Colombia, con 26% en 2015; Guatemala, con 19%, u Honduras, con 10%”.
Además, las necesidades de las personas mayores van en aumento, pues incrementa la prevalencia de discapacidad severa en esa población. “También hay que atender su salud mental, y un tema emergente es el cuidado de largo plazo”.
Huenchuan Navarro resaltó que es un reto central llevar a la práctica la protección de los derechos de esa población en un contexto de elevada desigualdad, donde también hay otros grupos sociales muy desprotegidos, como los jóvenes.
LEE: FINALIDADES DEL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL
En el auditorio Héctor Fix-Zamudio del IIJ, se refirió a la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, un nuevo instrumento que se suma de manera distinta a lo que ocurre en África y Europa. “Se cumplirán cuatro años de su aprobación y contiene derechos emergentes, vigentes y extendidos. En los primeros se ubica el derecho a la vida y la dignidad en la vejez; a la independencia y la autonomía; y a los cuidados de largo plazo”.
Desde 2015 siete países la han ratificado: Uruguay, Costa Rica, Chile, Bolivia, Argentina, El Salvador y Ecuador, pero faltan tres para que se instale el mecanismo de seguimiento, “y eso es un desafío”. Se trata del primer instrumento referente al tema jurídicamente vinculante, ofrece definiciones, establece obligaciones para los Estados y específica los derechos humanos, refirió Huenchuan.
