Plantean contratar deuda para ingreso universal

Pese a la presión que hoy viven las finanzas públicas, existe un espacio de 2% del Producto Interno Bruto (PIB) para que se pueda asumir deuda y establecer medidas que ayuden a la población a enfrentar la crisis económica que se vive por la pandemia del Covid-19.

En un foro virtual en el que se analizaron diversas propuestas sobre establecer un ingreso mínimo, Alejandra Macías, experta del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), recordó que este centro presentó una serie de propuestas entre las que se encuentra, realizar transferencias de 1,500 pesos a personas mayores de 18 años; así como condonar las cuotas obrero patronales por tres meses.

Si se entrega esta cantidad a 100% de la población mayor de 18 años, el costo fiscal sería de 396,000 millones de pesos (1.5% del PIB); mientras que, si se da a 80 o 60% de la población mencionada, el costo sería entre 317,000 y 238,000 millones de pesos, es decir, entre 1.2 y 0.9% del PIB, respectivamente.

Macías indicó que, si bien el gobierno se ha comprometido a no endeudarse, ante una situación de emergencia sanitaria es importante que se logren consensos para tener un endeudamiento responsable para enfrentar la crisis económica.

Se debe focalizar a grupos beneficiarios

Marcelo Delajara, director en Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), comentó que, para dar un ingreso básico se bebería focalizar a la PEA y con base en la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el Número de Seguro Social (NSS) se podría determinar un ingreso básico.

Por ejemplo, a través de la CURP y del NSS se podría identificar a la población que labora en la formalidad. Este universo se divide en dos grupos. El primero son las personas que perdieron su empleo formal, a las cuales se les podría dar un apoyo de dos salarios mínimos, y el segundo grupo serían para los trabajadores que vieron reducidos sus ingresos, a ellos se les podrían dar apoyos de un salario mínimo, indicó el especialista del CEEY.

Con respecto al sector informal, mencionó que, a través de la CURP se les podría identificar para entregarles un ingreso de un salario mínimo por tres meses. Sin embargo, uno de los problemas que enfrenta la base de datos de la CURP es que se tiene duplicidades, es decir, no es tan confiable.

A las personas que trabajan por cuenta propia y que han perdido su ingreso como los dentistas o abogados, se propone que se les haga un reembolso extraordinario del Impuesto sobre la Renta (ISR) que representaría un monto de 10,000 pesos.

La propuesta del CEEY representaría  un costo fiscal entre 2.5 y 3% del PIB.

Ingreso mensual por tres meses: Movimiento Ciudadano

Por su parte, el senador y coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, comentó que, desde su bancada, se presentó una propuesta el pasado 3 de junio, en la que se sugirió establecer un ingreso mensual de 3,686 pesos durante tres meses.

“Calculamos que este beneficio podría llegar aproximadamente a 20 millones de personas, que representan el 35% de la Población Económicamente Activa (PEA). Se requeriría una inversión de 221,000 millones de pesos, que representa 1% del Producto Interno Bruto (PIB) y 3.6% del presupuesto”.

Detalló que dichos recursos se entregarían a través de transferencias electrónicas para facilitar la información al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que estaría a cargo de fiscalizar y vigilar la implementación de este programa.

Para identificar al grupo de beneficiarios, el senador propuso que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) diseñe un catálogo de grupos poblacionales y ocupacionales que estén en una situación vulnerable de perder sus ingresos.

En tanto, el IMSS colaborará con información sobre el empleo y la Cámara de Diputados se encargará de aprobar las reasignaciones presupuestarias.

En las últimas semanas se han presentado diferentes propuestas sobre establecer un ingreso mínimo. Han surgido de partidos políticos y de organizaciones civiles, cuyo común denominador es que la población desempleada pueda sortear la crisis.

*Con información de El Economista