Los sistemas de pensiones en los estados, a través de los cuales se beneficia el final de la vida productiva de los servidores públicos, requieren de una urgente reforma, considera Roberto Campa Zúñiga.
Además de Puebla, otras 19 entidades tienen una fuerte presión financiera sobre sus sistemas estatales de pensiones a tal grado que, a corto y mediano plazo, algunas pueden quedarse sin recursos para ese fin, porque sus reservas únicamente alcanzarían para dos o tres años más.
El autor sugiere que, ante esta amenaza, los estados podrían desviar recursos de otras partidas de sus presupuestos para asegurar dichas pensiones, lo cual originaría otros problemas y no solucionarían el principal.
Actualmente sólo 12 de los 32 sistemas de pensiones son sustentables a largo plazo y si no se llevan a cabo las reformas necesarias para mejorar la situación, en cinco años el 60% tendrá que aportar recursos propios para pagar dichos beneficios.
El Consejo Nacional de Población (Conapo) ha señalado que en los 32 estados la esperanza de vida supera los 70 años lo que, sin duda, ha impactado a los sistemas de pensiones; el DF, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua son las entidades con más habitantes mayores a los 60 años.
La presión financiera deriva también de que en la mayoría de los sistemas de seguridad social, las aportaciones de los trabajadores en activo se emplean para cubrir las pensiones de los que se retiran y no están relacionadas con las de los subordinados durante su vida laboral.
Los sistemas pensionarios estatales son generosos pero inviables pues, los burócratas pueden retirarse a los 25 o 30 años de servicio con el 100% de su salario, sin importar su edad.
Baja California Sur, el DF, Hidalgo y Quintana Roo no enfrentan problemas directos en esta materia, ya que sus trabajadores están afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a quien le hacen aportaciones periódicas para que cubra las pensiones necesarias.
Por su parte, Guanajuato, Coahuila, Sonora, Campeche, Sinaloa y Nuevo León modificaron sus sistemas de pensiones para poder garantizar su viabilidad financiera para los próximos 30 años, constituyendo un caso excepcional Aguascalientes que en 2001 hizo cambios que otorgan a su sistema una holgura de 100 años.
Un panorama menos favorecedor es el que comparten Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Zacatecas y Veracruz, quienes pagan la totalidad de las pensiones con recursos provenientes del gasto corriente o porque ya terminaron con la reserva legal para cumplir con esta obligación.
Si bien es cierto, según los especialistas las reformas a los sistemas de pensiones son muy costosas en el corto plazo, es urgente promoverlas.
