Al rescate del sistema de seguridad social

Propuestas para evitar un colapso de la seguridad social en México, que darán de qué hablar en el sexenio que comienza
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 .  (Foto: IDC online)

IMEF Y AMAC

En la comida mensual de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social del pasado 21 de junio, la actuaria Rosa María Farell Campa, directora general de Farell Grupo de Consultoría, SC e integrante de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, AC (AMAC), compartió con los asistentes las propuestas elaboradas junto con el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), para transformar los esquemas actuales de pensiones y de salud, caracterizados por sus grandes pasivos, en sistemas que sean “activos” y para todos los mexicanos.

La AMAC y el IMEF proponen lo siguiente:

  • replantear el sistema de pensiones dentro de un nuevo modelo de seguridad social
  • disminuir el costo fiscal de las generaciones de transición y de los sistemas que ya se han reformado
  • establecer estrategias para integrar a todos los sistemas de pensiones que existen actualmente, al nuevo régimen, y
  • rediseñar el sistema de salud, dentro de un nuevo modelo de seguridad social, que permita ofrecer una cobertura universal en salud a toda la población, con oportunidad, equidad, calidad, calidez y eficacia, mediante un financiamiento justo, eficiente y viable, que lleve a mejorar las condiciones de salud de los mexicanos

Estos planteamientos se hicieron del conocimiento de los candidatos a la presidencia de la República y los especialistas enfatizaron que si no se promueven las reformas integrales, cuando menos deberían tomarse las siguientes medidas parciales:

  • incremento paulatino en la edad de retiro y en los años de cotización
  • ajuste en beneficios
  • aumento sensible en las cuotas obrero-patronales, principalmente en las cotizaciones de los trabajadores activos, buscando un equilibrio entre lo que aporta el patrón y el trabajador
  • establecimiento de contribuciones para el financiamiento de su pensión, en el caso de los pensionados
  • promoción del ahorro voluntario, para garantizar pensiones justas, con la participación del Gobierno, los patrones y trabajadores, y
  • reconocimiento en los costos de transición, de años cotizados o de servicios ya prestados; en relación con los servicios futuros, es indispensable hacer los ajustes necesarios para reducirlos, con el propósito de no seguir impactando las finanzas públicas (federales y estatales) de la forma tan importante como se ha hecho hasta ahora

PROPUESTA DE SANTIAGO LEVY

En noviembre de 2008 Santiago Levy, quien fuera director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de diciembre de 2000 a octubre de 2005, presentó su libro intitulado: “Buenas intenciones, malos resultados: política social, informalidad y crecimiento económico en México”, en donde propone una reforma económica y social para otorgar derechos sociales exigibles a todos los trabajadores (asalariados y aquéllos que se desempeñan en la informalidad) y revitalizar el crecimiento económico del país.

Diversos analistas han estudiado la propuesta de Levy y por las implicaciones que tendría con la nueva administración del Ejecutivo, es importante dar a conocer sus aspectos principales.

La implementación del proyecto de Santiago Levy significaría:

  • extender el derecho a una pensión de retiro, un seguro de invalidez y uno de vida a 41 millones de trabajadores, en comparación con 14 millones hoy en día (debe considerarse que este estudio fue realizado en 2008)
  • proporcionar servicios médicos a los mismos 41 millones de trabajadores, con la cobertura ofrecida por el IMSS
  • proteger a todos los trabajadores asalariados con un seguro de desempleo en lugar de las indemnizaciones por despido vigentes, y con un seguro de riesgos de trabajo
  • crear un programa único de pensiones no contributivas (apoyo a adultos mayores), con carácter transitorio, para asistir a la generación de trabajadores retirados sin pensión, al mismo tiempo que se fomenta el ahorro de todos los trabajadores activos
  • reducir los costos laborales no salariales de las 800,000 empresas legalmente establecidas en más de 85% (esto equivale a eliminar impuestos al trabajo asalariado por casi 3% del producto interno bruto –PIB–) –dato vigente en 2008, año en que fue realizado el estudio–
  • facilitar la legalización de cientos de miles de empresas que evaden las leyes laborales, de seguridad social y fiscales, abriéndoles posibilidades para acceder al crédito de la banca comercial o de desarrollo y a los programas públicos de capacitación laboral, y
  • reducir sustancialmente los costos de transacción para las empresas de cumplir con sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social; los incentivos a la corrupción y a la simulación, así como a la rotación innecesaria de trabajadores

Para lograr todo eso propone una contribución al consumo de todas las familias de alrededor de un 8%. Según Levy, estos nuevos recursos, junto con los existentes en el presupuesto federal para varios programas sociales, serían designados por Ley como una contribución para los derechos sociales universales de los trabajadores del país, y estarían específicamente destinados a hacer exigibles esos derechos.

Además propone devolver a todos los trabajadores, a través de una transferencia de ingreso directa, el costo adicional que representa esa nueva contribución de forma tal que ninguna familia de bajos ingresos tribute de forma adicional a lo que hace actualmente.

En su estudio, Levy señala que la coexistencia de la seguridad social y la protección social es un error de política social y económica de gran magnitud y que indudablemente existe una mejor opción para cubrir los derechos sociales de los trabajadores que mantienen una relación obrero-patronal y de quienes laboran por su cuenta.

Los programas sociales deben tener perspectivas de mediano plazo: ahorrar para el retiro o la vivienda, cuidar la salud o, proteger a los hijos en la muerte o invalidez del padre o madre trabajadores. Con la propuesta, los programas sociales serían menos pero más amplios y eficaces.

Santiago Levy sostiene que “mientras más alta sea la calidad de los servicios del IMSS y del Infonavit, mientras más valoren los trabajadores su cuenta de retiro en su Afore, y mientras más consideren que las Juntas de Conciliación y Arbitraje administran bien su derecho a una indemnización por despido, menor será la diferencia entre lo que la empresa paga por un trabajador formal y lo que el trabajador considera que percibe. En ese contexto, la reducción en el empleo formal causada por las contribuciones asociadas a la nómina será menor. A contrario sensu, una seguridad social que, desde la perspectiva de los trabajadores, no funciona bien, representa un incentivo a la informalidad.”

Por último señala que para redistribuir ingreso hacia los trabajadores de bajos ingresos –asalariados y no asalariados– se requiere de un instrumento diferente de la seguridad social financiada con contribuciones sobre la nómina; en particular, se requiere un instrumento que reduzca el consumo de todos los hogares de ingresos más altos, para obtener recursos para aumentar el consumo de todos los hogares de bajos ingresos.

Sin duda las reformas a los sistemas de pensiones vigentes en nuestro país ya deben impulsarse, antes de que el daño a las finanzas públicas sea irreversible.