Recientemente se presentaron diversas iniciativas de ley en el Congreso de la Unión, para promover un seguro al desempleo por virtud del cual las personas que se ubiquen en esta situación, gozarán por un tiempo determinado, de una retribución subsidiada por parte del Gobierno Federal.
Las grandes crisis que han sufrido los países europeos tienen como uno de los principales detonadores, el gasto originado por estos conceptos ya que con ello se generan condiciones muy favorables para los desempleados, porque dejan de pagar impuestos y contribuciones y gozan de subsidios, además de que se dedican a la actividad informal, teniendo que cumplir como únicos requisitos los relativos al tiempo y permanencia en el régimen laboral, para volver a las condiciones de confort que da el seguro al desempleo. Actualmente, en Querétaro existe un ejemplo de la forma irregular en que se ejerce este subsidio.
Si bien es cierto que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) insistió en la Conferencia Internacional de Trabajo celebrada en junio de 2012, en establecer un piso mínimo de protección social en donde se menciona el seguro al desempleo, también aclaró que debe aplicarse en función “de las circunstancias nacionales” y que la posibilidad de ofrecer un ingreso para vivir con dignidad, requiere de estrategias correspondientes para extender este beneficio.
Actualmente el 53% de la población económicamente activa (PEA) en México, se dedica al autoempleo; si se adiciona una compensación, definitivamente el porcentaje puede alcanzar hasta un 70%, afectándose al empleo formal, al mercado interno, así como a las finanzas nacionales, al no percibirse de manera adecuada los impuestos respectivos.
El seguro al desempleo tendrá un perjuicio notable para el Gobierno Federal, porque además de las erogaciones cuantiosas que implica, reducirá sensiblemente sus ingresos tributarios y si para aumentarlos tiene que incrementar impuestos indirectos, repercutirá al mercado interno y al costo del país.
La mejor manera para que las personas tengan ingresos y vivan con dignidad, no es por medio de una entrega unilateral y desinteresada de apoyos gratuitos a este segmento de la población; sino que, como se señaló también en Ginebra, esos beneficios deben ser coherentes con los objetivos de la política nacional, de tal manera que en este caso se deben buscar las políticas de protección social, con prevención a la delincuencia, la seguridad nacional y el crecimiento de la población.
Para que estos principios se armonicen y se cumplan es necesario crear un Seguro a la Capacitación y Habilidades para el Empleo, pero no como actualmente lo hace la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) a través del portal del empleo, en donde las personas deben satisfacer múltiples requisitos de escolaridad o experiencia en el trabajo; porque con ello se excluye a tres millones de personas desamparadas que viven en condiciones vulnerables como las madres solteras y los chicos banda, quienes tienen como única forma de ganar dinero limpiar parabrisas, cargar bultos o dedicarse al narcomenudeo.
A este segmento de la población urbana, así como a los indigentes y campesinos, se les tiene que ofrecer capacitación, con independencia de la escolaridad.
La provincia de Quebec en Canadá, ha implementado más de 47 empresas de reinserción social que tienen las características de ser eficientes en los servicios o actividades comerciales que realizan; pero su principal objeto es capacitar durante nueve meses a personas vulnerables de la sociedad.
El gobierno de Quebec cubre sueldos completos a las personas que capacita, así como al personal formador que labora en las empresas, y éstas últimas cubren las remuneraciones de los técnicos y de las personas implicadas en la actividad mercantil.
En México debe adoptarse este esquema, porque no es factible apoyar con un gasto único sin seguimiento, a las empresas de contenido social; ello no es formador, ni capacitador.
Las medidas adoptadas en este país deben ser distintas al apoyo ofrecido mediante el seguro al desempleo, se debe capacitar a quienes estén sin trabajo y pagárseles un salario a la par que se les exija un compromiso en los resultados del aprendizaje.
Es importante que nuestros legisladores, modifiquen su enfoque de carácter populista, para destinar recursos a la capacitación y a la formación de habilidades en el empleo; no solamente a los desempleados para que puedan mejorar dichas habilidades, sino también a los estudiantes en los turnos vespertinos de escuelas que involucren aptitudes técnicas con escolaridad tradicional.
Este Seguro a la Capacitación y Habilidades para el Empleo, tiene que ser vinculado por autoridades multidisciplinarias donde se integren la STPS y las Secretarías de Desarrollo Social, Economía y Educación y, exista una sombrilla como el CONOCER; en donde pueda haber participación público-privada y se permita la llamada empresa-escuela que efectivamente tenga programas integrales de inserción social, supervisada por esta entidad; la cual manejaría los recursos destinados a este seguro.
