La pretensión del Ejecutivo Federal –plasmada en el paquete económico 2014 ahora en manos de la Cámara de Diputados– de incorporar a la formalidad al sector informal con estímulos transitorios y con facultades especiales para el decomiso de mercancías a personas que se dedican al comercio irregular; no es una estrategia vertical e integral para los objetivos planteados.
Desde mi punto de vista lo que se requiere es focalizar la reforma hacendaria, fiscal y de seguridad social hacia la productividad del país y a la integración real de los llamados sectores informales a la economía.
De ahí que me atreva a señalar que la reforma hacendaria presentada tiene serias inconsistencias que le impedirán alcanzar el objetivo planteado por la actual administración gubernamental; a continuanción algunos comentarios y propuestas de mejora.
Gasto sin respuesta y productividad
Es indiscutible que se requieren apoyos para los sectores más desfavorecidos de nuestro país, pero tienen que ser acordes a las estrategias nacionales y al crecimiento de la economía.
La iniciativa lo que hace, es por una parte cancelar la generación de riqueza por parte del sector empresarial, y por otra, transferir los recursos a un gobierno improductivo, pues utiliza el 80% de sus ingresos en el gasto corriente.
Gasto deficitario
El Estado Mexicano pretende erogar dos veces más que el crecimiento estimado del Producto Interno Bruto (PIB), del cual solamente el 20% se destina a infraestructura y el resto al gasto corriente.
Pisos de Protección Social
Si bien es cierto que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha formulado recomendaciones para establecer los llamados Pisos Mínimos de Protección Social, también es verdad que éstos deben tener una estrategia nacional, que señale de manera gradual los mecanismos para alcanzarlos; en cambio en la iniciativa se colocaron los objetivos y las estrategias en un mismo plano.
Seguro de Desempleo
Considerar que el Seguro de Desempleo no gravitará en el gasto público, sino en los trabajadores, por medio de la cancelación de la subcuenta de vivienda, no es una visión completa.
El gobierno federal será garante de complementar este beneficio a costa de mermar el 20% de esta subcuenta propiedad de los trabajadores, simplemente porque el monto de ésta será insuficiente para tal fin. Así, el gobierno responderá en torno a esta prestación a las personas que tienen un crédito de vivienda (aproximadamente cinco millones de trabajadores) y a aquellas que tienen un empleo temporal.
Adicionalmente los recursos a emplear para estos efectos, corresponden a una base de 16 millones de trabajadores activos, de quienes aproximadamente un millón tienen movilidad cada año, y alrededor de 2.4 millones dejan sus trabajos formales anualmente, esto sin considerar a aquellos que tienen trabajo eventual.
Por lo anterior se infiere que este beneficio debería vincularse a la productividad del país y a los montos acumulados en la subcuenta mixta; además sería conveniente brindarles a los trabajadores la opción de que decidieran si los recursos que tuviesen acumulados en dicha subcuenta se destinaran al desempleo o a su pensión; ello acompañado de una explicación muy amplia respecto de las consecuencias de cada alternativa. En caso de que eligieran la segunda opción, el gobierno sería quién los subsidiaría.
Una manera de robustecer esta subcuenta mixta podría ser que anualmente, en forma voluntaria, se depositará a la misma el 10% de los finiquitos laborales, para que los trabajadores y los patrones conformaran así una reserva en 10 años, de tal suerte que posiblemente se cancelarán las controversias laborales.
Esta reserva permitirá cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 123 constitucional y al mismo tiempo mejoraría la prestación del desempleo o de pensión.
Pensión universal
Uno de los graves problemas que tienen los países europeos es el otorgamiento de prestaciones indiscriminadas a toda la población.
En el caso de la pensión universal; no se discute su bondad, solo considero que debería optarse por un mecanismo como el chileno, el cual complementa a las pensiones legales, pero con esquemas de ajuste coherentes a las condiciones del país.
Es preferible otorgar el doble del monto a las personas de más de 70 años y el ajuste se lleve a cabo conforme a los índices de longevidad de la población, y no de manera quinquenal; así como que la indexación se refiera a la canasta básica que afecta a este segmento y no al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Si no se ajusta lo anterior, se estará duplicando el beneficio conforme sea mayor o menor la inflación.
Debe hacerse una verdadera distinción entre la pensión universal y las legales, porque como está planteado el otorgamiento de la primera en la iniciativa de ley, los cónyuges de los pensionados pueden declarar que no tienen prestaciones y automáticamente serán benefiarios e incrementarán su ingreso familiar.
Además, las personas que están acumulando recursos en sus cuentas individuales, no tendrán la intensión de alcanzar el beneficio legal, porque bastara con que suspendan dicha acumulación un breve periodo antes de alcanzar los límites legales, para que declaren que no son pensionados, de tal suerte que puedan gozar de la prestación universal y aprovechar sus ahorros para la contratación de una renta vitalicia o retiro programado, porque estos últimos no se consideran pensiones legales.
Por otro lado los trabajadores autoempleados tendrían una equiparación similar a las personas de máxima pobreza, lo cual es incorrecto. De hecho todo trabajador urbano requiere de un esquema de protección de segundo piso para que pueda ser portable y homogéneo a los vinculados a un patrón, para que de esta manera puedan alcanzar los montos de acumulación requeridos por la ley, y por ende gocen de las mismas prerrogativas de las que disfrutan los que se encuentran en el Régimen Obligatorio.
Lo anterior es conveniente porque las condiciones de longevidad están cambiando agresivamente; países como Francia están requiriendo de las personas, 43 años de trabajo para que tengan derecho a recibir una pensión; y en México la distancia entre las pensiones legales y la universal acortará paulatinamente, afectando así el trabajo formal.
Esto acontecerá porque mientras la pensión garantizada legal es por el equivalente a un salario mínimo, la pensión universal se incrementará conforme al INPC; de tal suerte que en 18 años la pensión universal será superior a la legal. Ello afectara sensiblemente la productividad, las cuentas individuales, el crecimiento del país y lo que es más importante, el futuro de los jóvenes, porque se estima que el promedio de población que tendrá derecho a la pensión universal será de 10 millones, lo que representa un desembolso a valor presente más de 50 mil mdp; cifra comparativa a lo que en este momento constituye la cuota patronal al Infonavit; así se entregará un recurso productivo a una prestación universal.
Si bien es cierto que la recomendación 202 de la OIT señala que los Pisos de Protección Social son inversión, también es verdad que ello no puede ser en detrimento de la economía formal.
Salud universal
El Seguro de Salud Universal, que se presentará en fechas próximas según lo anunciado por el Ejecutivo Federal, significa más de 200 mil mdp. Este monto y el apoyo al desempleo son un compromiso del gobierno federal superior al 4% del PIB, que para nuestra economía, es una cifra difícil de sostener.
Para el 2014 el gobierno federal requiere de recursos adicionales por 650 mil mdp; el 84% de éstos será financiado por medio de endeudamiento, lo que generará un problema de inflación, de reducción de salarios y a la larga un perjuicio a quienes se les entregue el beneficio, porque éste por sí mismo se encarecerá de manera inflacionaria, con la gran posibilidad de que pierda su eficacia.
En la actualidad el seguro popular cuesta aproximadamente el 45% de lo que se espera que se erogue al elevarlo a universal; este seguro ha resultado ineficiente, porque las personas no lo aceptan; basta con contemplar el gran cumulo de servicios que se están generando a través de esquemas consultorio-farmacia, por ende si se eleva en forma indiscriminada, se tendrá un seguro universal sin calidad, el cual traerá una repercusión superior y un gasto no apreciado por los usuarios. En resumidas cuentas será un sistema de administración caro y duplicado a los existentes.
Además no hay que perder de vista que el seguro popular ha generado corrupción; falta de transparencia, asimetría en la calidad de los servicios en los diversos estados de la República, y lo más importante, la falta de respuesta de los usuarios al mismo. Ello se explica porque no se ha focalizado a la población de máxima pobreza, sino a quienes viven en zonas urbanas y lo consideran un complemento; así IMSS Oportunidades atiende zonas rurales y se duplica el subsidio.
Sostener el Seguro Universal de Salud, sin incluir los sistemas contributivos de los trabajadores autoempleados, con prestación simétrica a los vinculados a un patrón, sería afectar seriamente la nueva atención y entregar los servicios a entidades burocráticas.
Ley del Seguro Social
Las modificaciones a las aportaciones de seguridad social, que presenta la iniciativa de reforma fiscal y la seria amenaza que existe en el Senado de la República para una supuesta homologación de bases entre las aportaciones del Seguro Social y el ingreso de las personas físicas para efectos de ISR, además de cancelar el empleo y la formalidad del mismo, significan gotas de agua al océano de la crisis que tiene el IMSS.
Estos ajustes no van a servir para resolver los graves problemas. De no hacer una verdadera reestructura del organismo, va afectar seriamente el crecimiento de la seguridad social de nuestro país.
La única manera de atención a esta problemática es diseñar una planeación integral de solución, en donde se consideren mínimo tres grandes apartados:
- gobierno corporativo
- tope de gasto como existe en el Infonavit, y
- reversión del primer nivel de atención a mutualidades médicas.
Estas y otras soluciones son vitales para que el IMSS ofrezca atención médica de segundo y tercer nivel a toda la población asegurada del país, incluyendo los autoempleados y el primer nivel sea de múltiples opciones de atención.
Rango constitucional
Elevar las prestaciones universales a rango constitucional me parece inadecuado, porque se encuentran insertos en el beneficio de Seguridad Social que generar el Gobierno Mexicano para: trabajadores vinculados a un patrón e independientes; campesinos, etc.
Los ejemplos de protección social que señala el constituyente son punto de referencia, no de definición de los esquemas de cobertura de protección. Existen diversos sistemas de aseguramiento que no están definidos en la constitución y se están otorgando, lo que permite que el legislador las pueda adecuar a las circunstancias de cada una de las prestaciones implementadas.
De ahí que elevar estas prestaciones a rango constitucional significa un derecho que no será factible de modificar, y estas prestaciones tienen que ser funcionales al esquema de cobertura; deben buscar gradualmente la protección gratuita, a través de verdaderos programas de seguridad social, en donde toda la población goce de salud, vivienda y pensiones, con esquemas financieros auto-soportados, como ya existe en otros países, por ejemplo Uruguay.
Con la obligación del texto constitucional será factible que se dupliquen beneficios.
Previsión social
Por último cancelar la deducción de prestaciones laborales; gravar ingresos de las personas físicas y considerar al empresario como ente que detenta la riqueza y no la distribuye, es afectar el empleo y alentar la informalidad. Esto llevaría al país a un retroceso económico y a nulificar las expectativas de ingresos del fisco mexicano.
Conclusiones
Hace más de 20 años nuestro país sufrió serias crisis económicas que lo llevaron a declarar moratorias en la deuda nacional, a reportar reservas negativas en Banco de México; a mantener una inflación superior a dos dígitos; a afectar seriamente a los sectores más vulnerables de la población por los incrementos constantes de los precios y a cancelar el crecimiento de empresas por la imposibilidad de la adquisición de divisas; todo ello a causa de que el gobierno mantenía un déficit presupuestario permanente y agresivo. Estos errores no los podemos volver a cometer, porque sería atentar contra el crecimiento del país.
Es muy importante que el legislador analice que los cambios fiscales sean productivos y no regresivos, en donde la protección universal de seguridad social sea acorde con la situación económica del país y no a sugerencias de recomendaciones de organismos internacionales, sin tomar en cuenta el contexto integral.
