Pensión universal y seguro de desempleo ¿riesgosos?

Elevar estas prestaciones a rango constitucional obligará a incorporar también todos los demás programas de protección social

El pasado 24 de octubre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a los artículos 4, 73 y 123 constitucionales, y las remitió a la Cámara de Senadores para su análisis y votación.

Aun cuando falta más de la mitad del proceso legislativo para que esta reforma entre en vigor, estamos en el momento propicio para hacer algunos comentarios sobre su trascendencia. De ahí que Javier Moreno Padilla, socio fundador de la firma Moreno Padilla y Asociados, comparta la siguiente reflexión.

Es del dominio público que recientemente la Cámara de Diputados consideró transcendente aprobar modificaciones al texto constitucional en los siguientes términos:

  • el Estado garantizará los derechos de los adultos mayores a recibir una pensión para sus gastos básicos. El Congreso de la Unión podrá legislar sobre esta materia
  • se incorpora dentro del concepto de utilidad pública de la LSS al Seguro de Desempleo
  • la legislación aplicable se tendrá que publicar 180 días después de la reforma constitucional
  • la prestación relativa a los adultos mayores se otorgará a partir de 2014. Se revisará la edad periódicamente de acuerdo con la esperanza de vida de la población
  • los programas, apoyos y transferencias de recursos públicos a adultos mayores que otorguen los diversos Estados y el DF continuarán subsistiendo sin perjuicios del beneficio previsto en marco constitucional

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene como finalidad regular los derechos humanos y sus garantías, la soberanía nacional, la división de poderes y la responsabilidad de los servidores públicos. Específicamente su numeral 123 prevé las normas de trabajo y de previsión social (prerrogativas que por una razón histórica el Constituyente de 1917 las plasmó).

Si se considera lo anterior, el dictamen de reforma aprobado recientemente por la Cámara de Diputados –y que está pendiente de análisis y votación en la de Senadores– en mi opinión es una seria equivocación, porque elevar el Seguro de Desempleo y la pensión para adultos mayores a rango constitucional, significa incorporar también todos los demás programas de protección social creados y los que pudieran implementar las instituciones de seguridad social, las entidades federativas y los programas periódicos de desarrollo social.

Esto implica establecer esquemas de gran rigidez; acotar las finanzas públicas, modificar el fin constitucional y en última instancia hacer complejo cualquier cambio que el mismo represente, porque estas prestaciones son muy susceptibles a las crisis nacionales e internacionales –como se ha demostrado en países europeos–.

De hecho la mayor parte de las naciones que han adoptado políticas de pisos de protección social, solo los han contemplado en el cuerpo normativo emanado del Poder Legislativo, y hasta la fecha no han requerido de alguna reforma constitucional.

No obstante, la precisión en un artículo transitorio de que pueden convivir los programas de apoyo a los adultos mayores de carácter nacional con locales, me parece que puede generar multiplicidad de prestaciones y situaciones de abuso, lo cual dañaría a las finanzas públicas.

Por si fuera poco otorgar a este beneficio el carácter de universal, conlleva a que la autoridad tendrá un problema severo para restringirlo a los trabajadores de la economía formal y a los individuos que tengan derecho a recibir pensiones.

Esto es así porque el término “universal” significa que por igualdad y equidad todo mundo tiene derecho a esta prestación, a pesar de que las finanzas públicas no sean las suficientes para cubrirla, máxime si los pensionados generaron reservas para la prestación y los trabajadores auto empleados no; por ende es justo que todos participen de este beneficio.

Así las cosas, lo mínimo que se puede solicitar es en el texto de la ley reglamentaria correspondiente quede plasmado que el desembolso por este concepto no exceda del 1% del producto interno bruto (PIB) para que no se pongan en riesgo las finanzas públicas.

Lo anterior porque las proyecciones realizadas no reflejan la realidad de nuestro país, pues la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja en su dictamen solo expresó que resultarían beneficiados tres millones de mexicanos; cifra que puede ser del orden de 10 millones, en virtud de que el pleno de la Cámara citada aprobó que la pensión universal podrá ser exigida por cualquier persona que tenga la edad requerida para recibir este beneficio. Además de que se están previendo ciertas modificaciones en el sentido de que el Seguro de Desempleo gravite sobre las finanzas públicas.

A fin de complementar estas acciones, el presidente de la República anunció, a finales de octubre, que a principios de 2014 pretende implementar el Seguro Universal de Salud; mismo que no se ha incluido en alguna reforma constitucional, decisión que me parece positiva, ya que esta prestación requiere de gran cuidado en su implementación, para no crear estructuras que puedan hipotecar al país y a generaciones futuras.

Además es necesario que se maneje un verdadero esquema de cobertura contributiva, tanto para trabajadores formales como informales, porque quienes tienen ingresos como auto empleados, pueden tener acceso a condiciones en sistemas de salud básicos, por lo que es incorrecto que exista simetría con personas de máxima pobreza, que no están en zonas urbanas.

Otorgar la salud universal para las dos terceras partes del país, significa erogar cantidades superiores a 300 mil millones de pesos, que con el Seguro de Desempleo y a la pensión universal pueden significar otros 70 mil millones de pesos, con lo que se estaría rebasando siete puntos del PIB1, en el primero ejercicio; impacto financiero que no lo soportan ni los países avanzados. Adicionalmente se estaría hipotecando el crecimiento de las nuevas generaciones, porque no se tendrían recursos para su realidad educativa y generar la trascendencia que México requiere para promover el conocimiento, la tecnología y la capacitación universal.