Por José Juan Ríos Aguilar
Este 12 de noviembre se promulgó una adición al artículo 89 de la LSS, la cual entrará en vigor el mismo 13 de noviembre de 2015.
La finalidad de esta enmienda es que el Seguro Social brinde obligatoriamente atención médica obstétrica emergente a las mujeres embarazadas que lo soliciten directa o a través de la referencia de otra unidad médica, con independencia de que sean o no derechohabientes del IMSS o estén afiliadas a cualquier otro esquema de aseguramiento.
Este servicio se proporcionará en las unidades que cuenten con la capacidad requerida para la atención de urgencias obstétricas, en términos de las disposiciones aplicables correspondientes; por lo que se espera que dicho adecue su marco normativo a más tardar el 11 de marzo de 2016.
Desde nuestra óptica esta nueva exigencia institucional implica que todas mujeres en estado de gravidez, en caso de presentar una emergencia, tienen derecho a ser atendidas por dicho organismo de forma inmediata.
No obstante, si no pertenecen al régimen del Seguro Social, deben considerar que éste les puede cobrar un crédito fiscal por la atención médica recibida, el cual debe ser cubierto dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos su notificación (arts. 287 de la LSS y 127 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización —RACERF—)
En términos del artículo 119 del RACERF para determinar la cuantía de este adeudo, el Instituto tiene que considerar los costos unitarios por nivel de atención vigentes al momento del otorgamiento del servicio; los más recientes se dieron a conocer en el DOF el 11 de febrero de 2015.
Como puede observarse esta reforma, sin duda es loable; sin embargo para su aplicación efectiva necesita de ciertos cambios legales, para así lograr la tan ansiada seguridad social universal.
