¿Salud universal, realmente posible?

El pasado 7 de marzo el IMSS dio a conocer en su portal de Internet que celebró un convenio con la Secretaría de Salud y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para referir a pacientes de las unidades que estén rebasadas en su capacitad, a aquellas que tengan equipo disponible en las instalaciones públicas; ello con el fin de aprovechar la infraestructura que no se utiliza en su totalidad, y realizar intervenciones clínicas específicas con base en los padrones generales interinstitucionales.

Para tales efectos se signarán convenios en los que se indicarán las unidades participantes, las actividades disponibles y sus tarifas aplicables, así como las garantías de pago, los deberes y los mecanismos aplicables.

Como antecedente de este pacto está el Acuerdo nacional hacia la universalización de los servicios de salud que firmaron las instituciones señaladas el 7 de abril de 2016, el cual está compuesto por los siguientes rubros:

• antecedentes:
• la salud es un derecho humano y componente fundamental para la prosperidad y el desarrollo de la nación
• en aras de brindar esta prerrogativa se han realizado distintas acciones, como la creación del IMSS e ISSSTE, y
• el Plan Nacional de Desarrollo contempla el avance en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal que garantice el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos
• diagnóstico:
• no existe un acceso efectivo a los servicios médicos
• el sistema de salud está segmentado, por lo que distintos grupos de la población cuentan con derechos diversos, lo que origina una atención clínica diferenciada en cuanto a la cobertura  calidad, y
• escaso acceso efectivo a los servicios médicos
• objetivo, sumar la voluntad y las capacidades de los participantes y desarrollar acciones coordinadas que faciliten a la población el disfrute de la salud
• compromisos:
• eficientar el servicio de las necesidades de la población mediante la solidaridad y la corresponsabilidad de los firmantes, para impedir que la fragmentación jurídica institucional y deje de ser obstáculo en términos financieros y operativos
• fortalecer el vínculo entre el programa IMSS-Prospera y el Sistema de Protección Social en Salud y los demás sistemas de servicios de salud, en lo referente al cuidado médico
• alentar a la construcción de un modelo de atención homogéneo y en una cultura de respeto a los beneficios que tienen los usuarios, como lo es recibir la asistencia y la protección financiera
• impulsar la operación, el uso y la actualización del padrón general de salud
• adoptar un diseño y aplicación homogéneo de la práctica clínica y los protocolos de los diagnóstico (costos), los expedientes electrónicos, entre otros
• redefinir las directrices de coordinación del sistema de salud, para garantizar el uso ordenado de sus recursos financieros, la infraestructura hospitalaria y el correcto desempeño de los recursos humanos
• incentivar la formación y la capacitación de doctores, y
• propiciar el cuidado de la salud de la población

El contenido tanto del acuerdo como del reciente convenio es loable, porque se busca garantizar el derecho constitucional a la salud, en igualdad de oportunidades; sin embargo existe una fragmentación jurídica, es decir, existen leyes que dificultan este proceso, por ejemplo: en la LSS y la Ley del ISSSTE, así como en sus reglamentos respectivos, se contemplan distintas facultades, financiamientos, procedimientos, limitantes y sobre todo prestaciones.

En ese contexto el panorama para lograr la universalización es poco alentador, pues existen aspectos jurídicos, prácticos y administrativos a analizar, como el de las relaciones laborales individuales y colectivas de cada una de las entidades encargadas de atender clínicamente a los ciudadanos, tal es el caso de las condiciones de trabajo: como la jornada ordinaria y extraordinaria, la ampliación de las actividades y los servicios pactados y los tabuladores salariales.

Otro reto a superar es el tratamiento de las prestaciones ya adquiridas por los subordinados de la Secretaría de Salud, del IMSS e ISSSTE, ya que se les deben respetar e inclusive igualar, y para ello, es importante convocar a todas las partes (trabajadores que brindan el servicio médico y sus representantes sindicales y los representantes patronales de dichas entidades) para llegar a un consenso.

Asimismo, se debe contemplar que cada entidad pública debe contar con el personal, la infraestructura, las herramientas y los fármacos suficientes para atender a sus derechohabientes y posteriormente a los de otras unidades, porque en la actualidad no se dan abasto.

Cabe señalar, que actualmente el IMSS tiene funcionando sus recursos al máximo, pues están optimizándolos; una muestra de ello es que están realizando cirugías en fines de semana, lo que también genera inquietud en el gasto que llevan a cabo para las nuevas contrataciones de personal o en su caso el pago de horas extras o días de descansos laborados.

También existe la disyuntiva sobre el origen del financiamiento de esta universalización, es decir, qué va a pasar con las contribuciones de seguridad social, ¿desaparecerían?, ¿quién las recaudaría?, etcétera.

Derivado de esto es preciso señalar que en el tema de igualdad, existiría una clara discriminación, pues quienes pagan contribuciones (para beneficiar al gasto público) recibirían el mismo servicio que quienes no aportan recursos, lo cual aparentemente es injusto.

Sin duda el proyecto que se pretende lograr genera polémica pues existen posturas que indican que el sistema debe seguir fragmentado, hay quienes opinan que debe ser universal, por lo que se tienen que esperar los primeros resultados del intercambio de los servicios y observar la viabilidad de la universalización de la salud.

Conoce más acerca del funcionamiento de intercambio de servicios médicos