Ya es válida la elección presidencial del 1o. de julio de 2018 –así lo declaró en agosto pasado el Tribunal Electoral– y quien será el nuevo mandatario electo ya recibió su constancia de mayoría. Ahora hay que esperar la puesta en marcha de las propuestas económicas que anunció en sus actos de campaña, una vez que entre en poder.
Precisamente llaman la atención algunas de ellas, relativas a crear una zona franca o libre a lo largo de la frontera con los Estados Unidos de América (EUA); impulsar la economía de las empresas para fomentar la competencia e innovación en pro de los consumidores; profundizar la integración de México a la economía global, acciones sobre las cuales los siguientes especialistas en la materia externan sus opiniones, e incluso hacen algunas observaciones y recomendaciones.
Competitividad y energía: a propósito del nuevo gobierno
Licenciado Carlos Palencia Escalante, Socio Director en la firma Consultoría Estratégica & Outsourcing (CEO).
En economía, la escuela neoclásica tiene entre sus premisas básicas, instrumentar medidas que favorezcan la mayor presencia del mercado y la competencia para elevar la eficiencia. Además, es importante señalar que esta es condición necesaria para que tanto los demandantes como los oferentes obtengan el máximo bienestar, pues si los mercados son genuinamente competitivos ningún agente económico puede encarecer unilateralmente sus bienes y servicios en perjuicio de los consumidores.
Hay varios postulados en el modelo neoclásico de competencia que, de manera breve son:
- no deben establecerse barreras a la entrada y salida de los mercados
- las empresas son tomadoras de precios
- los agentes son racionales al momento de decidir entre diferentes alternativas, pues elegirán aquellas que maximicen su utilidad (consumidores) y sus beneficios (productores)
- los costos de transacción son iguales a cero, y
la información es incorrecta
El modelo neoclásico, sin embargo, es un tanto cuestionable, ya que, por ejemplo, no todas las empresas son tomadoras de precios –los monopolios, aún del Estado– tienen capacidad para fijar precios y la información no siempre es completa.
Es decir, la competencia entre los mercados es imperfecta y es indispensable la participación del Estado para corregir las fallas que pudieran suscitarse1. El objetivo de tal intervención reside en crear un ambiente competitivo –las reglas del juego– que obligue a usar de manera más eficiente los recursos, evitando la aparición de rentas monopólicas o barreras a la entrada, que dificulten el logro de la equidad.
Así la promoción de un ambiente competitivo presenta una suerte de paradoja, que consiste en que para lograrlo y para que opere dinámicamente, se exige la intervención –no control— del estado ante el nuevo gobierno. El debate está abierto, no en cuanto a la necesidad de la competencia, sino respecto a algunos cuestionamientos que es importante hacerse: ¿qué tanto mercado es necesario para lograr la competencia? ¿qué tanta intervención pública se requiere, o cuánta liberalización o desregulación son indispensables para el logro de este propósito?
Esto viene a cuenta porque lo que se está percibiendo con el nuevo gobierno no es precisamente favorecer la competencia, por el contrario, que se dirija por el propio Estado el rumbo económico, por lo menos en lo que se refiere al sector energético. Importante mencionar esto porque de acuerdo con la teoría económica, el Estado puede jugar un papel importante para inducir una asignación eficiente de recursos y maximizar el bienestar social sí se limita a intervenir en las áreas en las cuales se justifica plenamente su participación, esto es, en la:
- elaboración del marco legal, cuyo objetivo principal es definir los derechos de propiedad sobre los recursos, cosa que no quedará clara si el nuevo gobierno da marcha atrás a las licitaciones y contratos para exploración y extracción de hidrocarburos. Más aún, si el gobierno y PEMEX retoman el control, no se maximizará el ingreso del propietario –Estado– ni tampoco el de la sociedad pues difícilmente se darán los elementos para una sana competencia internacional
- administración y la procuración de justicia, las cuales deben ser eficientes e imparciales para garantizar el cumplimiento de los contratos, tanto entre particulares como entre estos y el gobierno. En este sentido, el papel del Estado es dotar a la sociedad de un conjunto de leyes y reglamentos que induzcan la existencia de mercados competitivos; nuevamente, y de cancelar la reforma energética deberá dar observancia a los contratos o indemnizar a quienes los suscribieron, y
- provisión de valores públicos2 tales como el marco legal, la estabilidad macroeconómica, la seguridad pública y la defensa nacional, entre otros, que no sería rentable para el sector privado producirlos en una cantidad socialmente óptima. Es importante destacar que aunque todos los bienes públicos los brinda el Estado, no todos los que ofrece son públicos, en particular los producidos por el sector paraestatal: la gasolina, la electricidad, el agua, etc.
En la práctica, sin embargo, lo anteriormente señalado, pocas veces se cumple, ya que el Estado tradicionalmente interviene en áreas que no le corresponden. Tal es el caso de la producción de bienes que considera “estratégicos” –la gasolina; por ejemplo, intención del nuevo gobierno con la construcción de refinerías–, de la regulación y del subsidio –rescate diremos ahora– de empresas quebradas bajo el argumento de que es necesario apoyar a los usuarios como recién lo plantea el “borrón y cuenta nueva” para quienes adeudan a la CFE desde 1995 –23 años– resultado de la resistencia civil en contra de la comisión: ¿cuánto puede ser? La abultada cantidad de 43 mil 320 millones de pesos, según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Además, recién argumentó el presidente electo: “Va a ver una tarifa nueva, justa diferenciada. El más pobre va a pagar menos, y el que use la luz con fines industriales va a pagar más, pero no más de lo que paga ahora”. Es decir, la segmentación del beneficio y tarifa que se anticipa consistirá en cobrar diferentes precios a los consumidores según su posición social.
Que el Estado sea propietario de empresas productoras de bienes privados es una de las distorsiones más importantes que puede generarse en cualquier economía, debido a que estas se constituyen o pueden transformarse en monopolios que reducen la competitividad al no hacerse una asignación eficiente de los recursos; que no se olvide que el Estado que regula, norma y dispone de los recursos, eleva los costos de transacción que conllevan a formalizar la actividad económica. Importa enfatizarlo porque la empresa gubernamental, a diferencia de la privada, no tiene incentivos económicos que conduzcan a maximizar las utilidades, sino motivos políticos, los cuales tienden a reflejarse en imperfecciones en la producción, los precios e intensidad en el uso de los factores productivos.
La competencia en el mercado, en contraste promueve la eficiencia, induce nuevas inversiones, asegura que los costos sean minimizados y que los recursos sean orientados hacia los usos que representan más valor, pues las empresas, ante la demanda de los individuos y su libertad de elección tienen fuertes incentivos para innovar y disminuir sus costos, mejorar la calidad y la variedad de productos y servicios para sus clientes y atraer nuevos consumidores.
Reflexión
El reto para el país es crear una real economía de mercado mediante una nueva organización institucional y participativa, con actores que se apeguen al imperio de las instituciones y la ley, las cuales tienen como fin generar los incentivos a favor del crecimiento económico y tender los puentes entre el mercado, el Estado y la sociedad para un desarrollo integral y sustentable, que haga participar más activamente en la dinámica global. El Estado o el mercado no pueden por si solos administrar el sistema, las reglas que organizan institucionalmente las relaciones entre ambos son indispensables para garantizar, promover y secularizar el intercambio económico, social y político.
En otros términos, el cambio institucional requiere, desde esta perspectiva, un nuevo marco de reglas formales (leyes y normas) e informales (valores y actitudes) que promuevan la operación eficiente de los mercados en el nuevo sistema de economía privatizada y mercados libres y abiertos a la competencia internacional, que den credibilidad y confianza al funcionamiento del sistema económico del país.
Pero también necesita “nuevos jugadores” –las organizaciones públicas, privadas y sociales–, que enfrenten los nuevos retos que implica tanto la competencia global como la era del conocimiento y la información, los cuales abren grandes oportunidades para desarrollar el capital intelectual en las empresas –incluso en las instituciones públicas– con la revolución tecnológica.
En consecuencia, el desarrollo que debe acompañar al cambio institucional tiene que promover la clara definición y protección de los derechos de propiedad en todos los sectores de la economía, ya que solo así se podrá estimular la creación de nuevas entidades públicas, privadas y sociales con capacidad de aprendizaje, respuesta al cambio e innovadoras. Son estas tres características que deberá tener el próximo gobierno para enfrentar el siglo XXI y para no alejarnos de la globalización de los mercados y de la era del conocimiento.
Expectativas en materia de comercio exterior en el nuevo gobierno
Licenciado Edgar Mendoza Chávez, Asesor y litigante, especialista en comercio exterior, y Socio de IBPS, S.C.
En el ámbito interno, se ha propuesto el regreso de los regímenes especiales en determinadas zonas geográficas del país, a saber:
Región fronteriza
Para diversos impuestos, como lo es el impuesto al valor agregado, es el territorio comprendido entre la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país.
En ese sentido debemos observar que los impuestos volverán a tomar gran relevancia en la extracción de mercancías de esa zona (reexpedición) con motivo de las tasas aplicables al resto del país.
Se tiene que estar al pendiente de las nuevas disposiciones que en su momento regulen la reexpedición de mercancías, porque el legislador deberá considerar el tratamiento de los impuestos al comercio exterior y el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias.
Zona libre
Esto es la creación de infraestructura ferroviaria en el istmo de Tehuantepec para conectar los dos océanos de nuestro país, complementado con una zona de libre comercio en sus costados.
Esperamos que dicha zona, sea libre en toda la extensión de la palabra con la finalidad de introducir y extraer mercancías sin el cumplimiento del despacho aduanero, incentivando la libre circulación de mercancías, es decir, solo con la seguridad física del entorno, sin necesidad de complicadas declaraciones (pedimentos), cumplimientos y demás regulaciones como en el resto del país, porque de lo contrario solo repetirán esquemas que no han funcionado como lo es; el Régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico.
Ámbito internacional
En este se ha anunciado una cooperación comercial con América Latina, el Caribe, África, Europa, Asia y Oceanía, y sin embargo actualmente ya se cuenta con derecho vigente con 42 países, por lo que no esperamos grandes reformas legislativas sino más bien una planeación para actualizar los tratados y el ejercicio de otras acciones de comercio internacional tales como la implementación de facilidades aduaneras y la simplificación administrativa.
futuro del TLCAN
Con relación a este, es posible que se convierta en un tratado bilateral entre México y los EUA, toda vez que con la firma y reciente ratificación del TPP por parte de nuestro país, ya se cuenta con un tratado de libre comercio entre México y Canadá, al igual que con Australia, Brunei Darussalam, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
