Los importadores encontraron desde 2017 la forma de evadir la ley y empezaron con prácticas ilícitas que aún persisten
Asociaciones de la industria automotriz en México pidieron al gobierno federal mantener el decreto que regula la importación de autos usados, mismo que vence el próximo 31 de marzo de 2019 y ajustar las reglas generales del comercio exterior, debido a su impacto positivo en el orden fiscal, de seguridad pública y ambiental.
De acuerdo con datos oficiales, en 2018 se registró un incremento del 14.7% de unidades usadas importadas de Estados Unidos con un total de 141,752 unidades, 18,114 más que en 2017; cifras que no alcanzan los niveles de 2006 de 1.3 millones, lo que de acuerdo con el Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate, revela la efectividad del ordenamiento aún vigente.
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No obstante, recordó que los importadores encontraron desde 2017 la forma de evadir la ley y empezaron con prácticas ilícitas que aún persisten para hacer llegar a México vehículos fuera de las especificaciones del decreto.
“A lo largo del año, insistimos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la necesidad de hacer un ajuste en las reglas generales de comercio exterior, a fin de frenar la defraudación que se presenta en la importación de vehículos usados”, subrayó.
Resaltó que los importadores de “chatarra” usan títulos de propiedad que no cumplen con los estándares impuestos por la normatividad y ante una limitante de la definición de las reglas del SAT se permite su utilización para validar la importación de vehículos que ya en la Unión Americana fueron incluso declarados pérdida total.
De ahí que las asociaciones mexicanas de la Industria Automotriz (AMIA) y de Distribuidores de Automotores (AMDA), así como la Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) piden se mantenga el esquema de control.
“Si bien, no dejaremos de insistir en que es factible mejorar el esquema de regulación, también los datos de importación comprueban que contar con un marco regulatorio como el que da el actual decreto, es un esfuerzo que debe mantenerse por su impacto positivo, pero sobre todo por el orden fiscal, de la seguridad pública y de la mejora de la situación ambiental”, concluyó.
