En 2018 el mandatario de los Estados Unidos de América (EUA) impuso aranceles a las importaciones de acero (25 %) y alumnio (15 %) mexicano; y ahora está amenazando con aplicar el 25 % a los vehículos y autopartes.
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Esta última medida proteccionista parte de la investigación de la Sección 232 –sustentada en su Ley de Expansión Comercial de 1962– que ordenó llevar a cabo a su Departamento de Comercio (DOC por sus siglas en inglés) en 2018, para determinar si las importaciones de esos bienes representaban un peligro para su seguridad nacional.
El DOC tuvo un plazo de 270 días para desarrollar la investigación, que concluyó el 17 de febrero de 2019, fecha en la que entregó los resultados finales que llevarán al mandatario, dentro de un lapso de 90 días (mayo), a tomar la decisión de fijar o no el arancel citado –que desde un inicio está empecinado en aplicarla–, y 30 días para informarlo a su Congreso (julio).
Los países proveedores a quienes les afectaría esta medida son Canadá, Japón, Alemania, Corea del Sur, China –por autopartes–, y por supuesto México.
En lo que respecta a nuestro país, la Secretaría de Economía calificó como desafortunada la investigación, porque aun cuando México y los EUA mantienen una carta paralela al acuerdo de libre comercio de América de Norte –negociado por su anterior homologo en el proceso de actualización del TLCAN/T-MEC– que protege a la exportación de vehículos ligeros y autopartes mexicanos, ese mandatario podría utilizarlo de manera unilateral para presionar.
Llegado el momento México, y de verse afectado, podría aplicar represalias comerciales en reciprocidad, tal como lo hizo en junio de 2018 por el asunto del acero y aluminio.
