Es preocupante la controversia en el tema de la política energética del gobierno mexicano, la cual puede poner nuevamente a la economía mexicana en un periodo de incertidumbre
Desde que era el TLCAN, el tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México ha significado importantes beneficios para la economía mexicana; no obstante, el reciente conflicto por el capítulo 8 podría poner esto en riesgo.
“La importancia del comercio en la economía mexicana actualmente se ve reflejado en que las exportaciones representan 27% del PIB nacional. Asimismo, se estima que los inversionistas estadounidenses tienen 250 billones de dólares en inversión productiva en México, además de recordar que el tratado ha permitido a México ser uno de los países con el mejor manejo de deuda pública y lograr la estabilización y control de la inflación”, expuso la investigadora del Centro de Investigación Económica del Noroeste (CIEN) de CETYS Universidad Campus Mexicali.
Agregó que a dos años de la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que es la nueva versión del TLCAN, la economía mexicana ha notado los beneficios del libre comercio, sobre todo en el sector de las industrias manufactureras, en las que, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora (INDEX), este año las empresas invertirán 11,000 millones de dólares en plantas manufactureras, después de registrar una cifra similar en 2021, lo cual ha contribuido a la recuperación económica del país después de la crisis causada por la pandemia de COVID-19.
Teniendo claro el peso económico del T-MEC en el crecimiento y dinámica de la economía nacional, “es preocupante la controversia en el tema de la política energética del gobierno mexicano, la cual puede poner nuevamente a la economía mexicana en un periodo de incertidumbre”, destacó la experta.
Si bien, dijo, en el T-MEC existe el Capítulo 8, bajo el cual el actual gobierno está basando su defensa ante la controversia, de acuerdo con expertos legales este argumento es débil, ya que no se hace referencia alguna al sector eléctrico, la variable de disputa con Estados Unidos, sino que se basa solo en los hidrocarburos.
Además, los párrafos repiten algo que ya se daba por hecho previamente: los tratados no impiden a los países firmantes reformar su Constitución; pero si los cambios afectan a las condiciones del tratado, entonces el país firmante debe de acatar una serie de sanciones, las cuales están consideradas dentro del tratado.
Asimismo, pese a la introducción del Capítulo 8, al sector energético se le siguen aplicando ciertas limitantes presentes en otras partes del tratado, como la obligación de otorgar el mismo tratamiento a inversionistas estadounidenses y canadienses que a los mexicanos, incluidas las empresas paraestatales.
Por el momento, los dos gobiernos tienen unos meses para acercar posturas y debatir argumentos antes de que la controversia llegué a un panel de arbitraje. Si esto llegará a suceder y México perdiera el panel, la sanción más probable sería la imposición de aranceles, quedando esto a disposición de los integrantes del panel.
Pero el efecto más perjudicial para la economía mexicana, conociendo la importancia del sector en el crecimiento económico del país, es la generación de un contexto de incertidumbre para la transferencia y localización de operaciones productivas de origen estadounidense en México, las cuales requieren inversiones, infraestructura y certidumbre jurídica, de lo contrario, no se llevarían a cabo.
“Este mensaje de incertidumbre se reflejará en menos crecimiento económico en los próximos años, siendo esto preocupante, ya que la economía nacional todavía no recupera sus niveles previos a la pandemia, y los niveles de inversión han mantenido una tendencia a la baja desde el 2018, afectando al bienestar de la sociedad mexicana, sobre todo a las familias de menores ingresos, quienes siempre padecen más los golpes macroeconómicos”, concluyó la especialista.
