El gobierno federal publicó un nuevo decreto para la regulación del comercio y uso del máiz genéticamente modificado, que si bien acota la aplicación de la prohibición al maíz destinado al consumo humano, sin afectar al destinado al consumo pecuario o industrial, para el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) la medida representa un riesgo para la competitividad del país al poner en juego el cumplimiento de sus obligaciones comerciales.
"La publicación en el DOF no hace mención de evidencia basada en principios y consensos científicos o en un análisis de riesgo previamente realizado que demuestre que el maíz transgénico de consumo humano es nocivo para la salud de la población, únicamente mencionan estudios sobre los posibles riesgos del glifosato. La evidencia científica es un elemento necesario para justificar medidas de restricción al comercio de productos agrícolas bajo las obligaciones de México ante el T-MEC y la Organización Mundial del Comercio (OMC)", agregó.
A detalle, el documento establece que las dependencias de la Administración Pública Federal deberán abstenerse de adquirir, utilizar e importar el maíz genéticamente modificado o el glifosato en el marco de programas públicos o actividades de gobierno.
Además, ordena a las autoridades de bioseguridad revocar y abstenerse de otorgar permisos para el uso e importación de maíz genéticamente modificado para la alimentación humana, así como para el uso de las semillas de maíz genéticamente modificado y el glifosato o productos que lo incluyan.
La fecha de implementación de las acciones previstas en el decreto en materia de consumo humano del maíz genéticamente modificado es el 14 de febrero de 2023 (el presente decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación).Por su parte, mediante su secretario de agricultura, Tom Vilsack, y otros miembros de la administración, el gobierno estadounidense ha señalado la falta de justificación científica como un problema que contradice las disposiciones del T-MEC. En específico, el Capítulo 9 del tratado (Medidas sanitarias y fitosanitarias) establece que toda medida que implique prohibición o restricción al comercio de mercancías debe estar siempre debidamente basada en principios científicos.
Además, el Capítulo 2 (Trato Nacional y Acceso a Mercados) establece que ningún país socio del T-MEC podrá imponer restricciones arbitrarias a la importación de mercancías de otros socios, y el Capítulo 3 (Agricultura) prevé procesos de aceptación y revisión de solicitudes para la autorización de productos de biotecnología agrícola como el glifosato.
Para Estados Unidos -principal socio comercial de México y uno de los miembros del T-MEC-, el comercio del maíz amarillo con México es un eje fundamental, ya que 26% de sus exportaciones de este producto (con un valor de más de 19 mil millones de dólares en 2022) se dirigen al país. Esta cifra es particularmente relevante para los estados de Illinois e Iowa, quienes envían 77% y 66% de sus exportaciones de maíz a México.
"Una prohibición a la importación de productos biotecnológicos como el maíz genéticamente modificado por parte del gobierno federal, sin una justificación basada en evidencia científica, representa un riesgo para la competitividad del país. La medida entra en conflicto con obligaciones comerciales firmadas no sólo con los socios comerciales de América del Norte, sino con los miembros de la Organización Mundial del Comercio y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), cuyo artículo XI prohíbe las restricciones a la importación de productos sin una debida justificación", reiteró.
