De acuerdo con académicos de la UNAM, ni en el sector minero, agrícola o energético han visto beneficios importantes con el tratado comercial
A 29 años de su implementación, el TLCAN, hoy T-MEC, viene a formalizar un proceso que lleva más de 42 años gestándose, es decir la desaparición de las bases técnico productivas de los estados nación latinoamericanos, a tal punto que se convirtieron fundamentalmente en estados subastadores de su naturaleza y de su fuerza de trabajo, advirtió la académica de la facultad de economía de la UNAM.
Destacó que todo el proceso de despojo que comenzó a procesarse en México desde principios de la década de 1980, solo ha servido para fortalecer el escenario político relativo a la industria minera en el país ya que favorece a empresas privadas, nacionales y extranjeras, y por ello cuando por fin comenzó a operar, la actividad resultó beneficiada fundamentalmente en tres principios:
- eliminación de los aranceles en la industria minera, una vez que se aprobó el TLC las empresas, después de 5 años de operación, podían exportar –sin avisar ni pedir permiso al estado mexicano– hacia Estados Unidos y Canadá
- el principio de nación favorecida, es decir, tendrán preferencia para la inversión extranjera directa en los tres socios comerciales
- cualquier modificación constitucional realizada después de la firma del TLC, en términos nacionales, debe respetar necesariamente las normatividades internacionales
En ese sentido, apuntó que la renegociación del acuerdo comercial en el rubro de la minería no cambió, por el contrario, se reforzó el mismo camino y está pendiente cómo se negociará en términos internacionales la nueva ley y los daños que ha generado la industria extractiva minera en México.
Por su parte, Vania del Carmen López Toache, profesora investigadora de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, señaló que la firma del TLCAN implicó la integración subordinada y dependiente de la economía mexicana hacia las economías de Estados Unidos y Canadá.
Dijo que con las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica de 2013, el sistema eléctrico mexicano implicó que, por un lado, quedaran abiertas a la competencia la generación, suministro y comercialización, mientas que la transmisión y distribución quedaron reservadas al Estado, aunque se permite la participación privada a través de esquemas de alianzas público-privadas. Esa reforma abrió y creó un mercado eléctrico mayorista con el supuesto objetivo de proveer energía a precios competitivos para que todos los usuarios pudieran beneficiarse.
Resaltó que el T-MEC sí promueve una apertura de mercado del sector energético mexicano, contrario a lo que se ha comentado, y ha reducido limitaciones impuestas por el TLCAN sobre las inversiones en ese sector. El sector público aporta por la vía de inversión en energías convencionales, en particular, gas natural y está sustituyendo a las empresas españolas en ese sentido.
Sergio Martínez Rivera, académico del Posgrado en Economía de la UNAM, señaló que hacer un balance de tres años de funcionamiento del T-MEC es complejo, “en realidad lo que tendríamos que estar haciendo es un recuento general de lo que ha sido la apertura comercial hacia el exterior, de casi cuatro décadas”.
Al tiempo, Juan Luis Hernández Pérez, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, consideró que en general, en los últimos 2 años, el desempeño económico de México en el contexto del TLCAN, fue nulo.
Destacó que el T-MEC, que entró en vigor oficialmente el 1 de julio de 2020, no implica algún cambio radical en el comercio agrícola trilateral, en todo caso incorpora disposiciones complementarias para el comercio de productos agropecuarios de los tres países, la mayoría de las disposiciones originales del TLCAN permanecen en el T-MEC, por ello no hablamos de un cambio radical o innovador.
