Luego de que en junio de 2023 Estados Unidos iniciará un proceso en contra de México por una presunta violación a los acuerdos del Tratado Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) por la prohibición de importaciones de maíz transgénico, esta disputa no se resolvió y se mandó a instaurar un panel de solución de controversias.
Esta decisión, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una buena noticia, ya que ayudará a consumidores estadounidenses y reiteró que México no permitirá el uso de maíz transgénico para el consumo humano "primero la salud y vamos a acatar la resolución de los que participen y decidan”.
¿Cuál es el problema del maíz transgénico en México?
El decreto emitido por el gobierno mexicano en febrero de 2023 establece que las dependencias de la Administración Pública Federal deberán abstenerse de adquirir, utilizar e importar el maíz genéticamente modificado o el glifosato en el marco de programas públicos o actividades de gobierno.
Además, ordena a las autoridades de bioseguridad revocar y abstenerse de otorgar permisos para el uso e importación de maíz genéticamente modificado para la alimentación humana, así como para el uso de las semillas de maíz genéticamente modificado y el glifosato o productos que lo incluyan.
Asimismo, en junio de este mismo año, la autoridad anunció un aumento en los aranceles para el maíz y la firma de un acuerdo para que las tortillerías del país solo usen maíz blanco no transgénico, esta acción, dijo, impulsaría a los productores nacionales de maíz blanco, que actualmente son beneficiados por los Programas para el Bienestar.
De acuerdo con el presidente esta decisión deviene de una estrategia para salvaguardar la salud de los consumidores de nuestro país, además de que no pone en riesgo, en ningún momento, lo acordado en el T-MEC.
Sin embargo, distintos expertos mexicanos y extranjeros afirmaron que la decisión no tiene sustento científico, tal fue el caso de Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), aseguró que las decisiones tomadas sin sustento científico por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para impedir el ingreso de maíz amarillo transgénico y el uso del glisofato provocaron incertidumbre en el sector agrícola y amenazan la seguridad alimentaria.
¿Qué pasa si se instaura un panel de solución de controversias?
Como se comentó al inició, luego del decreto publicado en febrero, Estados Unidos llamó a consultas, pues supuestamente se estaban violando las disposiciones del capítulo 9 del T-MEC. Mediante su secretario de agricultura, Tom Vilsack, y otros miembros de la administración, el gobierno estadounidense ha señalado la falta de justificación.
"En específico, el Capítulo 9 del tratado (Medidas sanitarias y fitosanitarias) establece que toda medida que implique prohibición o restricción al comercio de mercancías debe estar siempre debidamente basada en principios científicos", se señaló.
En dichas consultas, ambos debieron proporcionar información suficiente para realizar un análisis completo de cómo el asunto en cuestión afecta el funcionamiento del T-MEC, y se buscará evitar una solución que afecte los intereses de las partes involucradas.
No obstante, al no encontrar una resolución favorable, el país del norte decidió escalar el conflicto e instaurar el panel de resolución de controversias - un mecanismo que contempla el tratado, con la finalidad de resolver disparidades-.
Es un mecanismo que establece dos etapas. La primera es la etapa de consulta, que puede durar hasta 75 días o más, en caso de ser necesario, y que prevé que en los primeros 30 días a partir de la fecha de presentación se deben establecer claramente los posicionamientos de los demandantes, para en caso de no haber acuerdo se establecería un panel de expertos para que resuelva con respecto a ese tema.
De acuerdo con el medio especializado Bloomberg, la resolución de este panel sería vinculante para ambas partes y, en caso de resolverse a favor del gobierno de Joe Biden, se impondrían aranceles a los productos mexicanos.