Si bien, la industria alimenticia tiene permitido usar aceites parcialmente hidrogenados, conocidos como grasas trans, para aumentar el plazo de consumo y preservación de los productos y estabilizar su sabor, a partir del 20 de septiembre de 2023, las empresas tienen que reformular sus alimentos “para cumplir con los nuevos estándares del artículo 216 Bis de la Ley General de Salud.
La normativa limita el uso de las grasas trans en la elaboración de alimentos y bebidas no alcohólicas en favor de la salud de los mexicanos, sin embargo, el despacho de consultores legales, Sánchez Devanny, aseguró en un comunicado que esto “implica desafíos dentro de la industria alimenticia, así como un muy probable incremento de costos”.
Consecuencias de eliminar las grasas trans
Sobre este tema, el Socio del grupo de industria de Ciencias de la Vida de Sánchez Devanny, Alberto Campos Vargas, dijo que aunque lo anterior es beneficioso para la salud, su planteamiento puede “presentar problemas para los productores de alimentos y bebidas”, ya que limita el tipo de grasas que se pueden usar, y eso afecta:
- cadenas logísticas
- proveeduría
- emisión de nuevo etiquetado
- importación de productos terminados
Por lo anterior, sugirió implementar el plan de forma escalonada de forma que las compañías no queden en “estado de indefensión”, pues aunque el uso de grasas trans provoca problemas de salud como sobrepeso, los “retos que implicará su cumplimiento muy probablemente terminen afectando en última instancia al consumidor final, por los ajustes en los costos de producción”.
La ley impone una mínima excepción del 2% del uso de ese tipo de aceites; pero la integrante del despacho de consultores legales, Fernanda Sánchez, añadió que la restricción de uso y comercialización de grasas comestibles y alimentos y bebidas en presentación para venta al público, no “plantea claramente la estrategia a seguir por las productoras de alimentos y bebidas”.
Asimismo, Campos confesó que restringir o limitar la importación de alimentos y bebidas podría provocar la violación de tratados y convenios internacionales, lo cual pondría en “duda la capacidad del país de cumplir con algunos acuerdos internacionales”.
Sobre este último punto, los expertos coincidieron en que las limitaciones deben acompañarse “de una estrategia detallada” que guíe a las empresas “en la modificación de sus productos de manera legal”, de forma que se brinde seguridad jurídica y facilidad de implementar las regulaciones, pues de lo contrario se pone en “jaque a la industria alimenticia”.
