De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) los incentivos fiscales anunciados por el gobierno, como parte de una política industrial  son discriminatorios, al seleccionar solo algunos sectores de la economía.

En un comunicado, detalló que el gobierno adopta una política industrial con incentivos fiscales para 10 sectores mediante incentivos fiscales como la depreciación acelerada o inmediata de las inversiones de diversos tipos. Además, establece que aplicarán “cuando estos contribuyentes se dediquen a la producción, elaboración o fabricación industrial de los bienes que se señalan, y además los exporten

”. 

Indicó que es excluyente, al no considerar otros sectores, particularmente los no exportadores, los menos avanzados y los que menos se han aprovechado de las ventajas de la apertura en el pasado, donde naturalmente abundan las MiPyMEs. 

Además de que dicha exclusión naturalmente aplica a regiones también menos favorecidas por la apertura. 

"Esta política industrial selectiva implica riesgos, ya que parece ser violatoria del código de subsidios y subvenciones de la Organización Mundial de Comercio, al que se acogen nuestros socios comerciales, notablemente EEUU y Canadá. 

Empresas o incluso los gobiernos de estos países podrían impugnar la medida ya que los beneficios fiscales sólo aplican a las exportaciones. Son subsidios a la exportación, que están prohibidos.